Estado de desigualdad

Si una promesa de campaña generó rédito al electo gobernador José Manuel de la Sota, ésa fue la del boleto educativo gratuito. Claro que la letra chica de la propuesta era tan chica que casi nadie la vio en su momento. Mientras miles de afiches, páginas enteras en los diarios, folletos y spots televisivos prometían boleto educativo gratuito y otros tantos promovían alas para la educación, pocos dijeron que esa propuesta sólo alcanzaría a 34 mil estudiantes de todos los niveles de los establecimientos públicos, incluidos los universitarios y los docentes públicos y privados, lo que constituye apenas el cinco por ciento de la población educativa de Córdoba. Nuestros equipos técnicos advirtieron a la población y nuestros candidatos expresaron la inconsistencia de la propuesta. Hoy, cuando faltan pocos días para que asuma el próximo gobierno, empresarios, comunicadores y ciudadanos somos testigos de que la gran estafa está a punto de producirse. Los datos indican que debemos preocuparnos: 700 mil docentes, no docentes y estudiantes demandarían 120 millones de pesos anuales para cubrir el costo de los que hoy tienen abono en el transporte de media y corta distancia. Cerca de 14 millones de pesos anuales insumen sólo los abonos estudiantiles de la ciudad de Córdoba. Frente a este panorama, quedan dos opciones: o bien, la "exitosa propuesta de campaña" beneficiará sólo al cinco por ciento del universo educativo o bien deberá destinarse una previsión presupuestaria muchísimo mayor que la anunciada por el hoy gobernador electo (49 millones anuales). Para nosotros, la discusión va más allá de lo presupuestario, más allá de la preocupación legítima de los empresarios que saben que el Estado paga tarde y mal y que no están dispuestos a fiarle el costo de una promesa de campaña. Otro elemento que se suma es que en el último Presupuesto provincial, aprobado en la Legislatura cordobesa, se estipula que los fondos del programa son previsión presupuestaria para la implementación de planes anunciados por las autoridades electas.Lo que está en debate es el fondo de la cuestión: cómo hace un gobierno para definir quiénes son los privilegiados que van a tener acceso a ese boleto educativo gratuito.En este contexto, nuevamente el Gobierno provincial –aplicando recetas que ya demostraron su ineficacia– desarrollará políticas de privilegio y discriminación. Cuando una política pública, que se enuncia como inclusiva, no alcanza a cubrir al cinco por ciento de la población a la que va dirigida, produce desigualdades y exclusiones y genera efectos devastadores en el tejido social.Hace un tiempo, algunos profesionales observaron que en el marco del recorte de las raciones del Paicor implementadas por el actual Gobierno, apareció un fenómeno al que se denominó anorexia social. Se presentaba en niños beneficiarios del Paicor que no ingerían su ración porque sabían que un miembro de su familia no tendría alimento ese día. Como comer los colocaba en un lugar de privilegio, muchos niños inconscientemente adoptaron conductas de rechazo al alimento.Con preocupación vemos cómo el gobierno de De la Sota continuará minando el tejido social con una propuesta que sólo alcanzará al cinco por ciento de la población educativa. Los representantes del Frente Cívico vamos a solicitar la inclusión de todo el universo del sistema educativo público en la política de boleto educativo gratuito. Comprometemos nuestro apoyo para que se efectúen las reconducciones presupuestarias necesarias para cumplir con este objetivo.