El kirchnerismo y el federalismo: una relación compleja

La presidenta Cristina Fernández expresó en cadena nacional que su gobierno es "federal en serio". Las declaraciones fueron realizadas en ocasión de inaugurar distintas obras llevadas a cabo en diferentes provincias. Revisaremos la veracidad de tal afirmación en función del comportamiento del Estado nacional en los últimos tres mandatos, con la aclaración de que el análisis se hará desde un punto de vista exclusivamente jurídico-constitucional.

En primer lugar, es llamativa la forma en que el Gobierno nacional ha distribuido la obra pública en el territorio argentino, y ello se inscribe en un problema más profundo de nuestro federalismo: la distribución de los recursos tributarios entre el poder central y las provincias.

Existen dos modalidades contrapuestas: hacerlo de manera reglada, institucionalizada y automática, a través de una ley de coparticipación que distribuya la masa coparticipable en función de criterios objetivos de reparto, como lo prevé la Constitución Nacional; o de manera discrecional, arbitraria y de acuerdo con las preferencias partidarias.

El Gobierno nacional ha escogido la segunda opción y ha ido más allá, puesto que dejó a un lado a los gobiernos provinciales y desembarcó en los municipios con obras, subsidios y concesiones, lo cual manifiesta una clara intencionalidad política y de acumulación de poder.

Esta práctica de transferencias directas a los municipios no está prevista ni autorizada de ninguna manera en la Constitución Nacional, que prevé que la relación federal se establece entre los sujetos de la federación, que son el Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba); y señala que las provincias son las encargadas de relacionarse con los municipios que se encuentren dentro de su territorio.

No puede haber un funcionamiento adecuado del federalismo si los gobiernos locales no cuentan con recursos propios suficientes para costear sus gastos. Ello genera lo que se denomina incoherencia o falta de correspondencia fiscal, que 
–en palabras del economista Juan José Llach– es una de las condiciones más relevantes para el gobierno central de “hacer cautivos o cooptar a los gobiernos subnacionales”.

Es urgente volver a abrir el debate de la coparticipación, haciendo hincapié en los índices de distribución primaria de fondos, que deberán favorecer a las provincias, ya que es el nivel más comprometido en la provisión de servicios.

En segundo lugar, este período se ha caracterizado por la ausencia de diálogo federal. La forma federal de Estado exige coordinación entre los distintos niveles de gobierno y búsqueda de acuerdos a fin de lograr mayor participación de las provincias en el diseño y la posterior ejecución de las políticas públicas.

Pero este diálogo no debe ser ejercido sólo con los gobernadores del mismo espacio político al que se pertenece, sino que debe practicarse también con los de distinto signo partidario.

Así, en los últimos años, ha sido llamativa la falta de diálogo entre el jefe de Gobierno de la Caba y el Poder Ejecutivo nacional. Más si se tiene en cuenta que esta es la jurisdicción donde se asienta el gobierno federal y en la que restan numerosos temas por debatirse.

Tampoco se nos escapa la infructuosa relación mantenida en los últimos años entre la provincia de Córdoba y el Gobierno nacional, con demandas judiciales de por medio y una sensación de indiferencia en el Presupuesto nacional.

Lo mismo sucede con otras tantas provincias que no se adscriben al partido que gobierna en el orden federal, y que no por ello debieran ser castigadas y/o discriminadas.

En tercer lugar, la acumulación de poder concretada en los últimos años por el Ejecutivo nacional y su desmedida expansión han impactado en el debilitado régimen federal argentino. Autores como Antonio María Hernández mencionan al “hiperpresidencialismo” como una de las causales del debilitamiento de los gobiernos provinciales, entre otras consecuencias negativas que tal fenómeno produce.

Esta concentración de poder en uno de los extremos de la relación federal ha generado un desequilibrio muy grande, que anula el poder de negociación de las provincias.

Asimismo, el Congreso de la Nación, que debiera ser el ámbito donde se discuten los grandes asuntos nacionales con criterio federal 
–atento a que allí se encuentran representadas todas las provincias en el Senado– ha pasado a ser un órgano de ratificación de lo resuelto por el Poder Ejecutivo.

Hay otros problemas que exhibe nuestro alicaído federalismo argentino. Por ejemplo: el desapoderamiento por el Gobierno nacional de los recursos naturales que son de las provincias; política monetaria inflacionaria en desmedro de los recursos provinciales; desigualdad en materia de educación, salud, promoción industrial, cultura y capital social entre las regiones más avanzadas y las más postergadas; proceso de r egionalización inactivo (véase, por caso, la Región Centro); provincias dominadas por estructuras feudales, dependientes y endeudadas; triple concentración de población, riqueza y subsidios en la Caba y partidos del área metropolitana, entre otros.

Se debe remarcar que la responsabilidad por la situación actual del federalismo no es exclusiva del Gobierno nacional sino compartida, puesto que la Nación ha centralizado de un modo inaceptable, pero las provincias no ejercieron una adecuada defensa de sus derechos oponiéndose a tal avance.

Asimismo, es importante indicar que el avasallamiento de las autonomías provinciales no es potestad exclusiva de los gobiernos kirchneristas, dado que la falta de vigencia del sistema federal es una constante a lo largo de todo el proceso federal argentino. No obstante, notamos con preocupación que se ha agravado en los últimos tiempos.

Confiamos en la recuperación del federalismo, el cual, como sistema y estrategia, es tendencia irreversible en todo el mundo, y alentamos el advenimiento de un federalismo de concertación –como lo denominó Pedro J. Frías–, en el cual tanto la Nación como las provincias converjan hacia el bien común de la Constitución Nacional.

*Abogado, profesor de Derecho Público Provincial y Municipal en la UNC