El Estado que necesitamos
La cuestión es tan profunda que ni siquiera se sabe bien cuántos habitantes tiene el país.
El Estado argentino no cuenta con los datos necesarios para entender la realidad y proyectar sobre ellos las políticas públicas. No falla una esfera o un poder, sino toda la administración estatal en sus tres niveles –nacional, provincial y municipal–, y abarca a los distintos poderes.
La cuestión es tan profunda que ni siquiera se sabe bien cuántos habitantes tiene el país. Por diferentes motivos, en los dos últimos censos (2001 y 2010) se detectaron importantes fallas metodológicas que nublan los números finales. Faltan tres años para el próximo censo.
Por supuesto, con las herramientas que brinda la informática, hoy es más fácil que en el pasado procesar información de cualquier tipo y producir datos fehacientes en poco tiempo. Que Argentina no pueda hacerlo agrava el cuadro.
En consecuencia, es habitual que los medios de comunicación, cuando se abocan al tratamiento de un tema, lo ilustren con las cifras que les aportan sus fuentes confiables: según el caso, investigadores, fundaciones, consultoras, organizaciones no gubernamentales, asociaciones empresarias o profesionales, entre otros. Casi nunca la administración pública.
No hace faltar reflexionar mucho para darnos cuenta de que estamos frente a un funcionamiento anómalo del Estado.
Se podrá decir que algún área específica, alguna provincia o algún municipio cuenta con estadísticas sobre ciertos tópicos. Pero eso constituye la excepción, cuando debiera ser el mínimo común denominador sobre el cual perfeccionar el sistema para estar en condiciones, en un mediano plazo, de generar hasta el dato más fino.
En distintos países de la región, es posible saber cuál es la empresa de transporte de pasajeros de media o larga distancia que menos infracciones de tránsito ha acumulado a lo largo de los últimos años. O cuánto tiempo tarda un egresado de una carrera universitaria en conseguir su primer trabajo y cuál es el sueldo promedio que entonces percibe.
En Argentina, por el contrario, ni siquiera puede establecerse la cantidad de pobres y desocupados o la tasa de mortalidad infantil que hay en cada jurisdicción, porque las cifras oficiales son impugnadas cada vez que un funcionario cree que pueden afectar su imagen.
De hecho, la directora de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) renunció a su cargo denunciando presión de gobernadores contra las estadísticas que producía su sector. No había argumentos técnicos o metodológicos, sino molestias políticas por los resultados.
Sin cifras ciertas, no se puede hacer un diagnóstico. Y sin diagnóstico, no se puede planificar una acción. La conclusión es obvia: este no es el Estado que necesitamos.
