El Estado es un botín de guerra

En un país ejemplar, el Estado es una estructura jurídico-política que tiene por finalidad satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. Para ello, realiza funciones y brinda servicios públicos cuyo costo es solventado por los tributos que pagan los contribuyentes en proporción a sus singulares manifestaciones de pago público.Así, pues, para que el Estado pueda cumplir dicha finalidad debe ser conducido por personas con adecuada formación técnica, que garantice eficacia, y con ética suficiente, que asegure honestidad.Si ello ocurre, el Estado contará con las herramientas necesarias para que la población se desarrolle de forma plena o, por lo menos, no sufra ningún tipo de desamparo.En la República Argentina, no se cumplen los simples postulados enunciados en el párrafo anterior. El Estado federal, los estados provinciales y los estados municipales no satisfacen de manera adecuada las necesidades básicas de la co­munidad.Múltiples factores producen este resultado. Entre otros, a modo de ejemplo, destaco los siguientes: No son conducidos por personas con una formación técnica ade­cuada que conozcan en profundidad la administración de la cosa pública. Utilizan una parte importante de los recursos públicos para satisfacer las necesidades individuales de quienes los conducen o para financiar el aparato político-partidario (corrupción lisa y llana). Poseen una enorme cantidad de personal que no tiene preparación adecuada o entusiasmo para ser servidores públicos, lo que no impide que cobren una remuneración excesiva en relación con el trabajo realizado y luego, una vez que se retiran, gozar de una excelente jubilación. Deben soportar el constante hostigamiento de gremios cuya única preocupación es mantener privilegios y prebendas. Pero ello no es todo. Los estados mencionados nunca pueden realizar los servicios públicos por sí mismos, a pesar de tener una exorbitante cantidad de personal. Siempre deben acudir al auxilio de las infaltables empresas privadas que se encargan de ello, previo pago de la comisión que corresponda.Una vez que eso ocurre, los pocos pesos destinados a servir a los ciudadanos se transforman en recolección de basura, construcción de un colegio o reparación de una ruta. Vemos entonces cómo detrás de la ineficacia estatal existe un negocio privado.A su vez, estas malas prácticas –las que han perdurado por décadas– más un régimen federal mal entendido y aplicado, han generado una burocracia infernal, ineficiente y corrupta.

El Estado federal debería tener a su cargo funciones y servicios públicos diferentes de los que se asignan a las provincias y municipios, a los fines de evitar una superposición de roles y actividades.

Pero ello no ocurre. Entonces, 
a modo de ejemplo, existen fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeronáutica), fuerzas de seguridad provinciales (policía, 
en sus diferentes modalidades) y fuerzas de seguridad municipales. Habrán advertido que ni siquiera he mencionado a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, uno camina media cuadra y un ladrón nos pega un tiro para robar un teléfono celular que no vale nada.

Entonces, si la problemática es tan simple, ¿por qué los políticos y los ciudadanos no discuten sobre ella?

Los políticos no lo hacen porque se benefician de esta estructura estatal anómala, corrupta e ineficiente. La utilizan como una fuente de financiamiento personal y partidaria. ¿Cómo se explica, si no, que sus patrimonios crezcan tan rápido pese a cobrar sueldos relativamente bajos, o que gasten una fortuna en campañas políticas que serían impagables si debieran ser afrontadas con sus ingresos o patrimonios personales?

No hay que dejar de mencionar que el Estado es una fuente permanente de ingresos para las personas allegadas al poder. Es un generador de mucho empleo de poca calidad, lo que implica una enorme erogación de dinero.

Hay familias enteras viviendo del Estado. Casi diría que a sus ­integrantes, antes de inscribirlos en el Registro Civil, habría que anotarlos en el presupuesto pú­blico.

Todo lo relatado demuestra que el Estado –en sus diferentes va­riantes– se ha transformado en 
un botín de guerra del que todos, en mayor o menor medida, quieren apropiarse.

Existe una estructura compleja en la que participan de modo activo las personas que conducen el Estado, los dirigentes políticos, las empresas vinculadas al Estado y los ciudadanos que de una u otra forma gozan de algún tipo de beneficio o privilegio.

Hay políticos que desde el regreso de la democracia –es decir, hace casi 32 años– viven del erario público y aun así se postulan como los dirigentes del futuro.

Sin embargo, advierto con preo­cupación que la gente común que sufre todos los días la ineficacia estatal no castiga con su voto a aquellos que la han generado. Quizá sea porque no pagan tributos o pagan menos de lo que les corresponde (estudios de finanzas pú­blicas demuestran que sólo el 17 por ciento de la población económicamente activa cumple de modo acabado con sus obligaciones fiscales) o porque se han resignado a ser ciudadanos de cuarta.

A ello hay que sumar que los ­estados mencionados son una fá­brica de expedientes, trámites y gestiones. Todo en este país exige un trámite complejo y tedioso. 
No en vano existe el infaltable tramitador. Nada es sencillo.

A su vez, la legislación existente es superabundante, confusa y tramposa. Y, para peor, conviven legislaciones nacionales, provinciales y municipales que no son coherentes entre sí. Es más, en muchos casos, son contradictorias.

Si a esto se le suma que no hay premios y castigos, las ganas de comportarse de forma correcta disminuyen a pasos agigantados. Así no hay comunidad en el mundo que prospere y se desarrolle.

Para finalizar, pregunto: ¿la ­problemática planteada tiene solución? La respuesta es afirmativa. Para ello es necesario que la gente tome conciencia de que la cosa ­pública es de todos y no de unos pocos.

Una vez que eso suceda, se preocupará para que sea administrada de la mejor manera posible, para que sus necesidades sean satisfechas en tiempo y forma. Cuando ello ocurra, exigirá a los dirigentes políticos menos baile y más capacidad, menos relato y más realidad, menos viveza y más honestidad. Pero, ¿tiene alguna herramienta para hacerlo? Sí, el voto.

*Profesor de Derecho Tributario