Una realidad laboral preocupante

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) acaba de mostrar otra radiografía preocupante respecto de la realidad laboral en la Argentina. Según el organismo oficial, un tercio de la fuerza de trabajo no está registrada y la calidad del empleo viene en descenso si se comparan los registros del primer trimestre de este año con igual período de 2013.

Por cierto que este proceso se da en el marco de un deterioro general de la economía, con la consiguiente desaceleración en el ritmo de crecimiento; pero el empleo informal o “en negro” es una realidad que no se modifica desde hace años, pese a los intentos por revertirla.

Es sabido que un trabajador empleado en forma irregular carece de beneficios y derechos esenciales, como la prestación de una obra social o los aportes jubilatorios.

Las perspectivas para el corto plazo no son para nada auspiciosas: de acuerdo con las cifras difundidas por el Indec, sobre una población económicamente activa de 18 millones de personas y una tasa de desocupación de 7,1 por ciento, cerca de 4,4 millones de trabajadores tiene un empleo informal.

En abril de este año, el Senado de la Nación aprobó un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tendiente a incentivar el “blanqueo” de los trabajadores.

La iniciativa contempla, para quienes incorporan empleados formales, beneficios que van desde la exención de pagar contribuciones patronales hasta descuentos del ciento por ciento por cada empleo nuevo registrado por una Pyme.

Sin embargo, algunas voces opositoras salieron al cruce en función de que con este sistema –aducen– se premia a los eventuales empleadores que no cumplen con las reglas; y pusieron en foco una realidad objetiva, en el sentido de que es el propio Estado el mayor generador de trabajo informal.

La otra cara de esta moneda nos muestra que la tasa de desocupación en la Argentina es sustancialmente mayor a la que difunde el Indec (así lo referencian muchas consultoras privadas), lo que deriva en un sostenido aumento de la mano de obra barata y en negro.

No es casual que la mayor incidencia de este tipo de empleos se dé en regiones castigadas por la pobreza. La muestra indica que la precarización laboral alcanza el 40 por ciento en regiones del norte del país.

El hecho de que uno de cada tres trabajadores en el país esté empleado de manera informal debe llamar a la reflexión a los gobernantes en todos sus niveles.

También es necesario implementar políticas creíbles y sustentables dirigidas a superar la crisis que golpea al sistema laboral o, en todo caso, hacer cumplir las normativas que se anuncian y se ponen en marcha sin los controles posteriores adecuados.