Una causa justa desnaturalizada
El que rompe, paga. El viejo axioma se nos presenta a los argentinos con frecuencia alarmante y casi siempre tras alguna celebración. Es que todas las fiestas tienen costo. Una nueva demanda iniciada ante el Ciadi –el tribunal arbitral del Banco Mundial– por otra de las empresas que manejó el sistema de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) hasta 2008 amenaza llevar la cuenta pendiente a varios cientos de millones de dólares. Ya suman seis las firmas que apelaron a esa vía.
Cuando en 2008 se reestatizó el sistema jubilatorio argentino –privatizado en la década de 1990 durante la gestión de Carlos Menem–, la ley aprobada por el Congreso de la Nación estipulaba el resarcimiento para los prestatarios damnificados por la decisión de la entonces presidenta Cristina Fernández, en una maniobra de enorme rédito político urdida por Néstor Kirchner y ejecutada por Amado Boudou.
Pero los resarcimientos comprometidos nunca se efectivizaron, lo cual pone en evidencia el cortoplacismo oportunista de una maniobra que buena parte de la sociedad argentina aplaudió.
El negocio de las AFJP les significó a las empresas prestatarias enormes utilidades que se cobraban a costa de comisiones desmesuradas abonadas por los fondos de quienes se convertirían, a la postre, en jubilados de magros ingresos. Fue ese uno de los bien fundados argumentos destinados a dar sustento a una reestatización de profundo impacto político y económico.
Lo que no figuraba ni en la letra chica de la cuestión es que el gobierno de turno se hacía de una enorme caja, que le seguiría facilitando una política basada en el reparto generoso de bienes que nadie generaba, y en la financiación de obra con sobrecostos siderales para alimentar la voracidad de propios y entenados.
En otras palabras, la mejor de las causas nobles puede ser desnaturalizada por quienes la sustentan. A caballo de un capital formidable y de un grueso colchón de acciones de holdings diversos, que habían formado parte de los activos de las empresas radiadas del sistema, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se convirtió en el financista de casi todo: desde la industria automotriz hasta los planes de abaratamiento de indumentaria. Lo que no sería cuestionable si se hubiera fomentado lo debido.
La historia tiene esa curiosa debilidad por la repetición: en los años 1990, nadie dijo a qué efectos se privatizaba, y unos años después, olvidaron decirnos para qué estatizaban. Una constante en la historia argentina. Lo que sigue es también conocido: mal que nos pese, deberemos pagar la fiesta de otros, mientras rogamos que nadie pretenda convencernos de formular un nuevo cambio en los años por venir.
