Un silencio malsano

Una vez más, la Iglesia Católica debe afrontar el escándalo de los curas abusadores. Esta vez, la acusación afecta a dos sacerdotes y a personal administrativo de un instituto para niños sordos en Luján de Cuyo, Mendoza. Como es habitual en estos casos, si bien la denuncia llega a la Justicia ahora, los damnificados remontan los abusos a 2007. Entre todas las cosas que la investigación judicial deberá determinar hay una que es urgente: ¿esas prácticas aberrantes cesaron en algún momento o continuaron hasta hoy? Quienes testimoniaron son mayores de edad y ya no integran la comunidad educativa. Por lo tanto, debe darse prioridad a la contención de quienes aún son alumnos.El Arzobispado de Mendoza afirmó que no tiene responsabilidad sobre la institución, que dependería de una entidad italiana con sede en Verona. No es una buena señal. Uno de los detenidos es un cura argentino; el otro es italiano. ¿Podían actuar dentro de la arquidiócesis sin que sus autoridades tuvieran el más mínimo control de sus actos?Hay algo más grave. La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico había recibido tiempo atrás una consulta desde Italia por la posible presencia en Argentina de un cura italiano acusado de abusos, y algunos datos son coincidentes. Todo se remonta a una denuncia presentada en 2009, en Verona, contra más de 50 curas de la sede central de la institución que se dedica a trabajar con niños sordos en Mendoza.¿Pueden saber las asociaciones de víctimas más que la propia Iglesia? ¿O estamos frente a un posible nuevo caso de encubrimiento?Hasta no hace mucho tiempo, la Iglesia silenciaba el drama de los curas abusadores. Aunque suene duro decirlo así, esa política oficial incluía un mecanismo bastante perverso: cuando las autoridades de una diócesis tomaban conocimiento de una conducta indebida, en vez de hacer la denuncia correspondiente, procedían a trasladar al problemático sacerdote a otra diócesis, como si eso fuese la solución.Un ejemplo bastante ilustrativo y reciente fue Edgardo Storni, quien debió renunciar al arzobispado de Santa Fe tras ser acusado e investigado por la denuncia presentada por casi 50 seminaristas. En una primera instancia, el Vaticano, en épocas de Juan Pablo II, lo ratificó en el cargo. Pero cuando cambió su suerte, renunció y se trasladó a una residencia eclesiástica en La Falda. En 2009, fue condenado por abuso sexual agravado por el vínculo, pero en 2011 se anuló la sentencia. En 2012, murió.El papa Francisco debería ofrecer los archivos eclesiásticos para que todo el mundo sepa dónde están y quiénes son los curas abusadores. El delito sexual y la vida religiosa no pueden convivir.