Un gobierno no es el Estado

El Concejo Deliberante de Villa General Belgrano, que cuenta con apenas siete miembros, fue noticia nacional la semana pasada, cuando aprobó por unanimidad una ordenanza que prohíbe la personalización de “los actos, programas, obras, servicios y campañas” de difusión de la Municipalidad.

Lo más curioso de la medida –festejada en las redes sociales y en los medios de comunicación– es que no hace más que repetir el artículo 42 de la ley 25.188, sancionada por el Congreso Nacional en septiembre de 1999 y promulgada por el Poder Ejecutivo un mes después, o sea hace 15 años.

El artículo 42 de la denominada Ley de Ética de la Función Pública sostiene: “La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”.

Por supuesto, los primeros en violar esa ley son, desde entonces, los propios funcionarios del Gobierno nacional, comenzando por los presidentes, cuyos nombres e imágenes, por ejemplo, han ilustrado publicidades en todos los formatos y cartelerías que anuncian obras públicas realizadas durante su gestión.

En la provincial, no existe ley semejante. Pero debería entenderse –por sentido común, aunque más no fuera– que una ley que regula el comportamiento de un presidente y sus funcionarios también compromete a un gobernador o a un intendente, junto con sus equipos de gestión.

En la práctica, no es así. Los distintos gobiernos que tuvo la Provincia han inscripto sus nombres en cuanto cartel o publicidad han diseñado. Y por estos días, hasta se usa la propaganda oficial para promover la precandidatura presidencial de José Manuel de la Sota.

Algo semejante padecen porteños y bonaerenses: Mauricio Macri y Daniel Scioli, respectivamente, otros dos precandidatos presidenciales, han identificado los colores de la propaganda de los estados que gobiernan con los de sus espacios políticos.

La Municipalidad de Córdoba cuenta con una ordenanza de ética pública, pero su cumplimiento es parcial: el nombre del intendente no aparece en los carteles de obras ni en las propagandas, pero la imagen de Ramón Mestre es eje central del discurso.

En las gestiones de las más distintas ideologías políticas, entonces, se obra del mismo modo: se explota el vacío legal o se viola la norma vigente, para poder personalizar la propaganda oficial.

En consecuencia, una pequeña ciudad de ocho mil habitantes se ha convertido en el ejemplo que debería seguir toda la República: no confundir a un gobierno con el Estado e impedir, por lo tanto, que un gobernante circunstancial utilice los recursos públicos para publicitarse a sí mismo.