Transparencia con el dinero público
Se entiende que ciertas áreas de infraestructura del Estado necesiten manejar de forma más ágil sus fondos, pero esto no implica que no deban someterse a ninguna clase de control.
El manejo discrecional de dineros públicos sin control de los organismos pertinentes siempre fue un factor de sospechas y de polémicas entre el poder gobernante y la oposición. Una costumbre que suele cobrar mayor auge en épocas preelectorales, como sucede en la Argentina rumbo a las urnas de 2015. No parece haber excepciones a la regla y a las facultades que se arrogan los poderes de turno para modificar el destino de suculentas partidas presupuestarias con el fin de atender otras erogaciones en curso. En este cuadro de dispendio, cobran vigencia las siempre controvertidas "cuentas especiales".Por caso, la Legislatura de la Provincia de Córdoba acaba de convertir en ley una iniciativa enviada por el gobierno de José Manuel de la Sota, que habilita a los ministerios de Infraestructura, y de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, a operar "transferencias, otorgar subsidios y autorizar o adjudicar obras", para lo cual pueden disponer de cuentas especiales o recursos afectados "cualquiera sea su monto".Todo parece bien encaminado si se toman como marco referencial las argumentaciones expuestas por las espadas del oficialismo en la Unicameral, en el sentido de que la normativa tiene el objetivo de agilizar la concreción de obras de interés general que vienen postergadas.Subrayan, como diferencia del procedimiento habitual en materia contractual para la ejecución de obras, que ahora dichos ministerios podrán convocar a un proceso licitatorio salteando la vía del decreto del gobernador. La oposición no se quedó callada y salió a ventilar sospechas sobre discrecionalidad en el uso de los fondos y de "superpoderes" para los ministerios en juego.Queda dicho: es de buen augurio que las modificaciones apuntadas contribuyan a apurar obras de infraestructura elementales para el desarrollo de la comunidad; por ejemplo, el mejoramiento de la red vial en el territorio provincial.Es precisamente en este rubro donde la ley sancionada prevé contrataciones directas con consorcios camineros y convenios con comunas y municipios de toda la provincia.El esquema estará encaminado siempre que (como apunta el oficialismo) se trate de soslayar la madeja burocrática que entorpece la inmediatez. Pero, de forma paralela, cada procedimiento contractual o de disponibilidad de fondos deberá estar ajustado a la más rigurosa transparencia e idoneidad de los funcionarios actuantes.El manejo vidrioso y a voluntad de los dineros públicos ha sido desde siempre una constante en las gestiones del Estado en todos sus niveles, muchas de ellas expresadas en gobernantes y funcionarios reticentes a los controles.Las promesas de obras serán celebradas por la gente en la medida en que no deriven en anuncios electorales o en inversiones millonarias sin destino claro ni justificación.
