Sólo un parche

Las últimas modificaciones introducidas en el Impuesto a las Ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría serán aprobadas en el Congreso con los votos del kirchnerismo y sus aliados, pero sin que se introduzcan cambios de fondo en el tributo que ya alcanzaba a casi uno de cada tres asalariados. Sucede que, más allá de la puesta en escena que se realizó en la mesa del diálogo social y las palabras de la presidenta Cristina Fernández, el oficialismo rechaza lo que pidió la oposición en su conjunto sobre los cambios que deben introducirse en este impuesto que termina por gravar los salarios más que las ganancias reales.En cuanto al gravamen, el kirchnerismo rechazó la alternativa de introducir en forma au­tomática –dos veces al año– las actualizaciones del monto no imponible, así como de las desgravaciones permitidas, con base en un índice real de precios. Tampoco aceptó incluir en esos cambios las escalas del impuesto, que no se actualizan desde 2000.Para fundar su rechazo, legisladores oficialistas dicen que la economía global "es aún demasiado volátil" como para establecer esas actualizaciones en forma permanente, por lo que podrían peligrar los ingresos del Tesoro nacional.Suena extraño esa dependencia de lo que suceda en la economía internacional, cuando el Gobierno nacional se vanagloria en forma permanente de "la década ganada", sobre la base del crecimiento logrado en los últimos años, que nada tuvo que ver con el poder financiero internacional o las decisiones de otros países.La verdadera razón de esa postura hay que buscarla en que el Impuesto a las Ganancias a los asalariados representaría este año 6,7 por ciento –más de 58,6 millones de pesos– de la recaudación tributaria total, la que superaría los 870 mil millones, según estimaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.Ese dato adquiere relevancia si se tiene en cuenta que en el primer semestre el déficit fiscal creció 30 por ciento en relación con 2012, al haber llegado a 13.789 millones de pesos.Ese agujero fiscal se cubre con emisión monetaria que, ante la desconfianza de la sociedad, se gasta rápidamente en bienes y servicios, lo que a su vez alienta la inflación.En definitiva, el discurso oficial de inclusión social chocó con la realidad de necesitar que los asalariados sostengan un gasto descontrolado, que el Gobierno no se anima a corregir ni siquiera en las desmesuradas partidas que se destinan a la propaganda oficial.Y, tan grave como lo dicho hasta aquí: creó dos nuevos impuestos –a la distribución de di­videndos y a la compra y venta de acciones de empresas que no cotizan en la Bolsa– que desalentarán aún más la formación de pequeñas y medianas empresas (Pyme) y, por ende, la creación de trabajo formal.