Sentido de la oportunidad
Más allá de la legitimidad de los reclamos de los empleados públicos provinciales, es una falta de responsabilidad iniciar una huelga justo después de los graves episodios que sufrió Córdoba.
Con la sociedad todavía sensibilizada y atemorizada por los graves episodios de violencia urbana que desencadenó la huelga policial, los gremios de trabajadores estatales y judiciales de la ciudad de Córdoba se embarcaron en nuevas medidas de protesta en demanda de mejoras salariales y de un bono extra de fin de año.
La mejora de haberes a la Policía, que fue refrendada por el Gobierno provincial, bajó la presión de la crisis y contagió a los dependientes agrupados en el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), quienes volvieron a la carga por el bono navideño y decretaron un paro de 48 horas. A su vez, el gremio de los judiciales le sumó al dilatado conflicto salarial otra huelga y una nueva toma del edificio de Tribunales I.
En su propia ecuación, los agentes públicos y judiciales concluyeron en que, si hubo fondos para otorgar un sustancial aumento a la Policía, debe haberlos también para un plus, fuera de las negociaciones paritarias, para el resto de la administración.
Más allá de la discusión entre las partes, respecto de la legitimidad de los reclamos, es necesario apuntar que una acción sindical llevada al extremo de la huelga y de la ocupación de dependencias de los Tribunales no contribuye a pacificar los ánimos en momentos en que la comunidad sigue aturdida por los hechos de vandalismo y pillaje.
No está en discusión la justicia de las reivindicaciones de los empleados afectados por una espiral inflacionaria que hizo añicos muchas negociaciones paritarias cerradas, en algunos casos, hace meses. Lo que está en discusión es si se trata de la oportunidad adecuada para acciones de lucha inflexibles.
La ciudad no se ha recuperado aún del desastre que la huelga policial dejó como saldo. Frente a ello, la clase dirigente (en este caso particular, la de la rama sindical) debe obrar con prudencia y ser solidaria con los miles de vecinos afectados por aquellos estrépitos.
Además, la gente está harta de los conflictos que sumen en una situación de desprotección, cuando no de rehenes, a los contribuyentes. De estos infortunios pueden dar fe los miles de vecinos que padecen los paros en el servicio de transporte de pasajeros o en dependencias de la Municipalidad de Córdoba.
La adhesión a la huelga dispuesta por el SEP por parte de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad augura, además, renovados inconvenientes en la atención de los hospitales públicos.
Queda dicho: no se objeta la legitimidad de las demandas, aun cuando las escalas salariales en la órbita provincial, municipal y de la Justicia superan, en muchos casos con holgura, a las que se pactan en el sector privado. Pero es exigible a las conducciones gremiales una cuota de cordura para no echar más leña al fuego.

