Quién abona la cuenta

C omo para corroborar que en la política, al igual que en el fútbol, se cumple aquello de "los otros también juegan", los legisladores del Frente para la Victoria resolvieron compensar con un contraataque las deserciones sufridas en los últimos días. El proyecto de ley que promovieron para que se devuelva el 15 por ciento de los fondos destinados a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), más el 1,9 por ciento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), a la totalidad de las provincias enmascara la arbitrariedad con la que se manejó la relación entre la Nación y los gobernadores, tanto como la práctica instaurada por diversos mandatarios provinciales de recostar en los aportes nacionales los monumentales desaguisados de sus respectivas administraciones.En otras palabras, administraciones que sumaron a las mentirosas estadísticas del pleno empleo decenas de miles de puestos públicos improductivos pagados con la emisión descontrolada del anterior gobierno.Como se recordará, tras una larga pelea judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis en la demanda presentada para que se les restituyera ese 15 por ciento, dado que las tres provincias mencionadas no habían traspasado a la Nación sus sistemas jubilatorios.Como corolario, y en uno de los arranques que signaron toda su administración, la expresidenta Cristina Fernández resolvió extender por decreto dicha devolución a todas las provincias, por lo que el nuevo presidente, Mauricio Macri, debía pagar el costo de derogar el decreto, tal como ocurrió.La medida de la saliente mandataria no guardaba correlación alguna con los considerandos del fallo de la Corte Suprema, pero es harto sabido que no somos una sociedad que pierda el tiempo cuidando los detalles.Lo incontrastable es que esta fuerte jugada del Frente para la Victoria les sirve a no pocos gobernadores para volver a reclamar una asistencia indiscriminada del Tesoro, aun cuando ello implique profundizar el insoportable déficit fiscal.Urge, qué duda cabe, terminar con el lamentable toma y daca político que convierte cada negociación en una suerte de duelo entre avezados mercachifles. Pero más urgente aún es volver a discutir la relación Nación-provincias, en busca de mecanismos equitativos de distribución, tanto como de sistemas de gestión que acaben con la práctica de crear gruesas facturas que otros deberán pagar.Ya no se puede tolerar que muchos sigan de fiesta mientras el resto del país abona la cuenta. O, en otros términos, que de una vez se aplique aquella norma que reza "el que rompe, paga".