Proteger al trabajador y a las Pyme

Aunque con un retraso de ocho años, el Congreso comenzó a discutir una nueva ley de riesgos del trabajo (LRT), luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto gran parte de esa estructura jurídica en 2004, en el fallo conocido como "caso Aquino". Por esa resolución, el alto cuerpo judicial calificó como "inconstitucional" la posibilidad de que un trabajador afectado por alguno de los accidentes previstos en la LRT no pueda acudir a la vía civil para solicitar una indemnización mayor que la prevista en la norma, sancionada por el menemismo en 1995.La habilitación de ese derecho al afectado, sin embargo, abrió la puerta para lo que se conoce como "doble vía", alentada por la llamada "industria del juicio". La maniobra consistía en que, tras percibir la indemnización por parte de una aseguradora de riesgos del trabajo (ART), el trabajador planteara una demanda civil contra la propia aseguradora y/o contra el empleador, solicitando una reparación mayor.El Poder Ejecutivo Nacional ha propuesto un nuevo texto, que comenzó a ser debatido en el Congreso nacional. El proyecto incluye la "opción excluyente", que es la alternativa de cobrar la indemnización –cuyos montos serán ajustados cada seis meses en función del aumento de los salarios formales–, o bien, de plantear una demanda en el fuero Civil. Como se indica, la opción es excluyente, es decir que se debe elegir una u otra forma de percibir una reparación por el accidente laboral.Pese a la buena intención del Gobierno, que fue apoyada por sindicalistas y empresarios que colaboraron en el proyecto, abogados constitucionalistas y laboralistas señalan que, según los criterios de la Corte Suprema, ese artículo también correrá la suerte de ser declarado inconstitucional. Como nadie puede ser privado de sus derechos civiles, la norma infringiría principios de la Carta Magna argentina y de tratados internacionales a los cuales adhirió el país.Más allá de cómo se resuelva esta cuestión, lo importante es que el nuevo texto constituya una protección real para el trabajador que tiene el infortunio de sufrir un accidente en su trabajo o cuando se dirige hacia la sede laboral, de modo que reciba una indemnización adecuada, realista y actualizada, en un país que soporta una de las inflaciones más altas del mundo.También es necesaria una protección especialmente dirigida a las pequeñas y medianas empresas (Pyme), para evitar que sean dañadas por la llamada "industria del juicio". Salvo los casos de dolo por parte del empleador, la pérdida de una demanda obliga a propietarios a desprenderse de sus activos para pagar la indemnización civil y los honorarios de los profesionales actuantes, por lo que, en muchos casos, se pierde el capital de trabajo de varias generaciones. Este es el equilibrio y la sensatez que se pide a los legisladores.