Privilegios vitalicios

Según datos de la Dirección General de Recursos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, sólo el 15 por ciento de los empleados de la administración capitalina no registró faltas durante el primer semestre de 2012. Expresado a la inversa, en ese lapso, el 85 por ciento de los agentes faltó a sus labores por razones diversas, lo que excluye vacaciones y francos compensatorios. Aun más: en el semestre, las faltas promediaron 21 días por agente, el equivalente a un mes sin ejercer sus funciones.Las cifras fueron cuestionadas por dirigentes sindicales, que estimaron las ausencias en menos de la mitad, y en días corridos. Habrá que aclarar ese punto, aunque una y otra cifra son elevadísimas, si se considera que hablamos de promedios. Ninguna empresa privada soportaría ese nivel de ausentismo. Pero es auspicioso que comiencen a ofrecerse datos concretos sobre la nebulosa que parece envolver las tareas de más de 10 mil trabajadores bien remunerados, a efectos de que el verdadero empleador, el ciudadano que debe pasar por la caja municipal para sostener el costo mensual generado, sepa adónde van los recursos que aporta.Sucesivas gestiones municipales se han caracterizado por la incapacidad para entablar con el gremio del sector una relación madura. No pocos intendentes prefirieron una permanente cesión de espacios, al punto que es difícil precisar cuánto maneja el gremio y cuánto las autoridades.Peor aún, nadie está en condiciones de informar el número exacto de empleados que se requieren ni qué capacidades deben revestir todos y cada uno, ni mucho menos cuáles desempeñan de manera sistemática las tareas que les fueron confiadas y quiénes las eluden, en un ejercicio que incluye faltas, estados de alerta, asambleas, retenciones de servicios y paros.Lo antedicho no debiera operar como un juicio taxativo que estigmatiza por igual a justos y pecadores. Una mayoría de los servidores públicos tienen real vocación de servicio, pero deben desempeñarse en un marco que en nada los ayuda a demostrarlo. Sin embargo, casi todos acaban abonando la creencia generalizada de que el empleo público es una suerte de beca vitalicia.Nada escapa a esa condena: empleados municipales, provinciales, nacionales y hasta de las fuerzas de seguridad y universidades, sin olvidar a empresas estatales cuyos empleados gozan de una estabilidad que no existe en el sector privado y de una inversa carga de responsabilidades. A quienes les ha sido delegada la responsabilidad de administrar les corresponde no rendirse ante este estado de cosas y reinstalar el concepto de la función pública como un privilegio que crea obligaciones. También les impone la renuncia a toda forma de clientelismo partidario, para que las diferencias se noten y para que podamos sostener, alguna vez, que las cosas han sido parecidas pero diferentes.