Obras, antes que polémicas vanas

La falta de reflejos y de acciones preventivas de parte de los gobernantes frente al fenómeno del cambio climático –el cual se traduce en copiosas precipitaciones, entre otros extremos– quedó expuesta con las inundaciones que azotan a vastos territorios de las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe. Frente a la catástrofe, candidatos a cargos ejecutivos, intendentes de zonas afectadas y autoridades nacionales se cruzan responsabilidades y ensayan interpretaciones sobre asuntos que merecen ser estudiados en profundidad.Y en esta puja en medio del aguacero que se ha cobrado vidas y ha dejado a miles de familias a la intemperie, se reavivó la polémica sobre los efectos de la siembra directa.Con un libreto con más anclaje político que técnico, Aníbal Fernández, el jefe de Gabinete –recién consagrado como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria–, culpó a los productores agropecuarios por el avance de las aguas que derivan de los campos hacia zonas urbanas."La cantidad de agua que fluye hoy por la siembra directa hace que las tierras no drenen, no absorban esta cantidad de agua, y eso hace que esto vaya a los ríos, y los ríos se manifiesten en cantidades muy importantes de agua", interpretó Fernández.En el mismo tono, Daniel Bolinaga, intendente de Arrecifes, fue enfático: "La siembra directa convirtió a los campos en asfalto".Con otros fundamentos sobre las causas del desastre, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa refutó esas hipótesis. Aseguró que ese sistema aplicado en la tecnología de producción de cultivos "mantiene cubierto el suelo con residuos de la cosecha anterior que amortiguan la caída de la lluvia". Y agregó que, así, el suelo se convierte en "una esponja que absorbe y guarda el agua". Ponderó que la siembra directa "fomenta la creación de pequeños canales internos por acción de insectos, lombrices y raíces, lo que forma especies de túneles que permiten la absorción y el almacenaje del agua de lluvia".Es probable que la controversia sume nuevos capítulos (entre ellos, los referidos a los canales clandestinos), pero tanto el Gobierno nacional como los provinciales no pueden desentenderse de la ausencia de obras.Además, suenan inoportunas las acusaciones del jefe de Gabinete a un sector castigado por variables económicas perjudiciales y que aporta al Estado unos 60 mil millones de pesos por año.Antes que estigmatizar a la soja y a otros granos, hay que ejecutar las obras prometidas hace décadas; además, cumplir con los controles que le competen al Estado sobre lo que esté fuera de regla en materia de cultivos.El cambio climático no augura tiempos de calma, por lo que será prioritario hacer obras antes que esperar la próxima catástrofe.