Menores presos: reeducar, como meta

Las leyes sancionadas en el ámbito nacional y de las provincias que rigen las funciones de los servicios penitenciarios en la Argentina son coincidentes en aspectos centrales referidos al tratamiento que deben recibir los internos procesados o condenados por diversos delitos. Del mismo modo, se encuentran reguladas las condiciones para los institutos dependientes del Estado que alojan a menores de edad en conflicto con la ley penal.

En el caso de la provincia de Córdoba, la ley respectiva es taxativa en cuanto a que el Servicio Penitenciario tiene como misión específica la guarda y custodia de personas bajo situación de procesamiento y de condenas en la Justicia.

Pero en ese contexto de privación de la libertad se resalta una función que no siempre se cumple: la rehabilitación de los presos para su reinserción en la sociedad. Es decir, con normas de conducta diferentes a las que los llevó a padecer la cárcel.

La enumeración histórica sirve para clarificar un panorama general. Pero a la luz de hechos recientes, vale detenerse en la situación del Complejo Esperanza, reservado para la guarda de niños y adolescentes que perdieron el rumbo a caballo de una crisis social y familiar abrumadora.

La fuga de dos jóvenes, días atrás, puede encuadrarse entre las graves falencias de control que viene anotando ese complejo, ubicado en camino a 60 cuadras, unos 14 kilómetros al sur de la ciudad capital, y que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial.

Las investigaciones internas y en la Justicia por ese hecho deben determinar responsabilidades en materia de custodia. Pero no es la primera vez que el Complejo Esperanza es noticia por casos de fugas o por incidentes protagonizados por los detenidos.

El instituto luce como emblema la denominación “centro educativo”. Sin embargo, esa noble iniciativa se resquebraja cuando supuran las denuncias por malos tratos de parte de los guardias a los jóvenes y hasta por presuntas violaciones sexuales.

Un panorama delicado que requiere una investigación minuciosa; como también lo amerita la muerte, días atrás, de un detenido que se encontraba alojado en el Establecimiento Carcelario Nº 9, de barrio Cáceres de la ciudad de Córdoba.

También, por el fallido intento de fuga de cuatro presos de la cárcel de la ciudad de Villa María.

Lo cierto es que algo no está funcionando como lo planificaron aquellas leyes. La proliferación de hechos delictivos que se operan desde una celda con una facilidad que agita las sospechas de connivencias internas, como así también la presencia de estupefacientes en los penales, son muestras inequívocas del nivel de desasosiego que impera intramuros.

Las jefaturas políticas y penitenciarias, además de la Justicia, tienen incumbencia funcional directa con estos episodios. En particular, de aquellos que entrañan situaciones de riesgo para menores privados de su libertad en institutos que esconden convivencias traumáticas que deben investigarse.

En resumen, un antiguo como irresuelto debate en el que el Estado no debe permanecer ausente.