La verdad después de la explosión

Transcurrido ya un mes desde la explosión en el gasoducto de Transportadora de Gas del Norte (TGN), que costó dos vidas en las inmediaciones de la Central Bicentenario de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), poco es lo que se ha podido conocer acerca de las causas del suceso.

En paralelo, los cambios en la conducción de Epec –resueltos en los últimos días y sin mayores explicaciones– no ayudan a clarificar lo que ocurre en la empresa.

Cuando el 1º de agosto pasado la bola de fuego generada por la explosión arrasó la ruta aledaña a la Central Pilar y dejó severos daños, muertos y heridos y servicios suspendidos en buena parte de la región, los primeros esfuerzos de los funcionarios provinciales y nacionales parecieron destinados a cubrir un solo objetivo: el de deslindar responsabilidades.

No resultaba novedoso, habida cuenta de las actitudes que autoridades de diverso rango adoptan toda vez que la tragedia golpea a nuestras puertas. Se trata, siempre, de encontrar responsables en esferas ajenas y distantes. En esto, lamentablemente, no existen excepciones que justifiquen la regla.

Pero, con el correr de los días, lo que no se aclara se oscurece: a la falta de explicaciones se suman las especulaciones, algunas derivadas de sólidos aportes técnicos. No es la menor de estas teorías la que refiere que el origen de los hechos podría ser el chisporroteo de un cable peligrosamente cercano al gasoducto.

Si lo anterior fuera cierto –y aun cuando no lo fuera–, las preguntas por responder alcanzan otra magnitud. Por ejemplo, saber quiénes tenían la responsabilidad de verificar la seguridad del sector y que todo se ajustara a normas estrictas, las aplicables cuando la cercanía de gas y electricidad lo impone.

Aclarar este punto implicaría un valioso aporte para tranquilizar a los ciudadanos de esta provincia, quienes no sólo votan, sino que sostienen a todos y cada uno de los funcionarios y a la empresa de energía eléctrica misma, al abonar en este caso tarifas que no se contabilizan entre las más accesibles del país.

Estos sucesos se producen, vale recordarlo, en momentos en que el futuro mismo de Epec se encuentra en debate, a raíz del agobio que le han generado sus altos costos y su endeudamiento.

Por todo lo señalado, es oportuno que la opinión pública tenga acceso a una versión fundada de los hechos, que deslinde responsabilidades y haga saber a todos y cada uno que temas tan sensibles son manejados por las mejores manos. Y ratifique, por si hiciere falta, que el derecho a la información de cualquier tenor no puede nunca ser objeto de una graciosa dispensa. Se trata, por el contrario, de una obligación que unos cuantos deben cumplimentar, para tranquilidad de muchos.