La información, un derecho humano

El bloqueo a las plantas impresoras de los diarios La Nación y Clarín, perpetrado en el barrio porteño de Barracas entre la noche del viernes 14 y la madrugada del sábado 15 de este mes, se agrega a la larga serie de agresiones, amenazas y aprietes a los medios de comunicación independientes o no gubernamentales. En esta ocasión fueron unas 50 personas, identificadas con pancartas de la Federación Gráfica Bonaerense, pero que en su mayoría eran miembros del Sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano y de agrupaciones kirchneristas. El bloqueo se extendió durante unas cinco horas, ante la pasividad de policías de dos patrulleros apostados en el lugar. Hechos similares ocurrieron tiempo atrás, lo que revela la persistencia de una campaña contra la libertad de prensa y el pluralismo informativo, en la línea marcada por algunos funcionarios públicos que atribuyen genéricamente a "los medios" la responsabilidad de desfigurar la realidad y de intentar desestabilizar al Gobierno nacional. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) calificó al hecho como "uno de los más graves atentados contra la libertad de prensa que se hayan registrado recientemente en el país". Conceptos similares expresaron políticos de todo el arco opositor.Al día siguiente se sumó a la condena la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que instó al Gobierno argentino "a tomar medidas para sancionar estas acciones". La SIP recordó que la Argentina es signataria de la Declaración de Chapultepec y otros tratados internacionales que legislan sobre los derechos humanos y la libertad de expresión.Las imágenes televisivas y fotográficas del bloqueo y las declaraciones realizadas sobre el tema por el canciller, Héctor Timerman, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dejan la sospecha de que estas violaciones a la libertad de prensa cuentan con la tolerancia y la inacción del Gobierno. Éste levanta las banderas de los derechos humanos pero desoye una reciente disposición judicial –emitida luego de un hecho similar que afectó también la distribución de varias revistas, entre ellas el Anuario 2010 de La Voz del Interior – que ordenó al Ministerio de Seguridad garantizar la circulación de medios de prensa. Consideró el juez que el derecho de los ciudadanos a expresarse no puede poner en riesgo otro derecho humano fundamental, como es la libertad de expresión. Una patota que impide la salida de diarios es una imagen conocida, ya que forma parte de la historia de los momentos iniciales del fascismo, y constituye un inquietante signo sobre los riesgos que se plantean en las democracias. De ahí que el Gobierno, los partidos políticos y la sociedad toda deben tener una actitud muy firme frente a estos desbordes. Porque un simple bloqueo a la salida de diarios puede terminar en agresiones más grandes a la libertad de prensa y expresión.