La deuda, al Congreso
La Presidenta le transfirió al Parlamento la responsabilidad de decidir un cambio en el lugar y el agente de pago de la deuda reestructurada, lo cual agregará más incertidumbre al problema.
La presidenta Cristina Fernández anunció que envió al Congreso un proyecto de ley para cambiar el lugar y el agente de pago de la deuda reestructurada en 2005 y 2010, además de la adhesión voluntaria al cambio de jurisdicción legal y una reapertura del canje de bonos aún en default . Propuso como sede a la ciudad de Buenos Aires y a Nación Fideicomisos.
El mensaje por cadena nacional se difundió el martes último a una hora inusual para las familias argentinas, después de las 21, pese a que había sido grabado con bastante anterioridad.
El kirchnerismo cuenta en ambas cámaras con el número suficiente de legisladores para aprobar el polémico proyecto, que, según explicaron sus voceros parlamentarios, debería ser sancionado antes del 30 de septiembre próximo, cuando se debe efectuar otro pago a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
El primer dato que surge de la ofensiva oficial es que el Gobierno traslada recién ahora al cuerpo legislativo una responsabilidad primaria que la Constitución Nacional adjudica a los representantes del pueblo y de las provincias, que es aprobar todo endeudamiento externo.
Esto no ocurrió cuando se enfrentó el largo proceso judicial ante los tribunales de Estados Unidos, cuyo resultado fue la condena a la Argentina de pagarles el ciento por ciento de la deuda, más intereses y gastos de gestión, a los tenedores que no aceptaron los canjes mencionados. Tampoco el Congreso fue consultado ni menos aún trató el acuerdo con el Club de París, que supuso la decisión de cancelar más de 10 mil millones de dólares, en gran parte a partir de la administración que asuma el 10 de diciembre de 2015.
Es muy factible que la iniciativa de la Presidenta y de sus asesores sea respaldada por los legisladores kirchneristas, aunque sus consecuencias sean hoy bastante imprevisibles en el escenario internacional.
Por caso, la Argentina se sometería al desacato de las decisiones de la Justicia norteamericana, pues estaría modificando de manera unilateral las condiciones de pago de la deuda. Además, es una incógnita qué posición tendrá la mayoría de los tenedores de bonos.
Finalmente, se abre un serio interrogante sobre qué sucederá con la inserción de la producción argentina en el mercado global, en especial en lo que se refiere a prefinanciación de exportaciones e importaciones, inversión extranjera directa y sobre el acceso a los préstamos de los organismos multilaterales de crédito, donde la opinión de las potencias económicas –como es el caso de Estados Unidos– resulta decisiva.
Por último, si bien la deuda pública será el gran desafío para el próximo Gobierno, la recesión actual, el nivel de inflación y desempleo y la inseguridad son temas que también exigirían una respuesta más activa de la actual administración.
