La despolitización de la Justicia

En alianza con otros sectores políticos, el Gobierno nacional presentó un proyecto para modificar las atribuciones y el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, organismo encargado de designar a los fiscales de la Justicia federal. Uno de los artículos clave de la iniciativa era limitar el mandato de la Procuraduría General de la Nación –que está al frente del mencionado órgano judicial– a cinco años, en lugar del cargo vitalicio que rige en la actualidad. Se considera vitalicio ya que la norma anterior –sancionada por el kirchnerismo– no incluyó la obligación de que su titular renuncie a los 75 años, como se exige para los miembros de la Corte Suprema. Aunque el proyecto oficialista no lo mencionaba de forma expresa, pretendía abrir la puerta de salida para la actual procuradora General, Alejandra Gils Carbó.Sobre la funcionaria pesan numerosas acusaciones de irregularidades, como las de haber protegido a funcionarios de la expresidenta Cristina Fernández acusados de lavado de dinero, entre otras graves imputaciones. Gils Carbó llegó a designar a un funcionario que desistió de acusar a allegados de la familia Kirchner y a exmiembros del anterior gobierno, pese a las pruebas reunidas. También levantó cargos contra funcionarios judiciales, que luego fueron desestimados.Amparada por la expresidenta, Gils Carbó dio impulso a la agrupación Justicia Legítima, que reunió a jueces y fiscales identificados con el kirchnerismo.El proyecto de la administración de Mauricio Macri no implicaba la despolitización de la Justicia, como se proclamó en la campaña electoral y en los primeros tramos de la gestión. Todo lo contrario.Además del inconstitucional recorte del mandato de la procuradora, la iniciativa trasladaba parte de las facultades a la Comisión Bicameral de Seguimiento, que iba a ser conducida por fuerzas opositoras. Tras declaraciones de la diputada Elisa Carrió en contra, la iniciativa fue retirada para una mejor concepción.El kirchnerismo –que reclamó por la independencia de ese organismo– pareció olvidar que a través de la Procuraduría llegó a perseguir y a denigrar, a través de los entonces medios de comunicación afines, a los fiscales que hurgaban en los delitos y en la corrupción en las áreas oficiales.La única alternativa viable para remover a Gils Carbó es el juicio político, para lo cual deberá perder la protección que ciertos sectores del peronismo aún le brindan. O transitar el camino de la decencia, con la presentación de su renuncia.La imprescindible modificación del Ministerio Público Fiscal debe concretarse respetando el concepto de independencia que prevé la Constitución, que permitirá investigar, incluso, al poder de turno.