Intromisión en la Justicia

El Gobierno nacional parece obcecado en profundizar su intromisión en el Poder Judicial, en un escenario donde abundan los funcionarios sospechados de actos de corrupción. Esto ha derivado en la necesidad de hallar salvoconductos de cara al final de ciclo. La maniobra, sin embargo, adquiere mayor gravedad en la medida en que se desarrolla la investigación judicial de dos hechos que conmocionan a la opinión pública: la muerte del fiscal Alberto Nisman y la denuncia que este había presentado contra la presidenta Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman (entre otros) por un presunto pacto de impunidad para los ciudadanos iraníes acusados del ataque terrorista contra la Amia.La injerencia de la política en los Tribunales ha sido constante desde los albores de la democracia recuperada en 1983, lo cual contribuyó a degradar la independencia que debe prevalecer entre magistrados y gobernantes en un sistema de división de poderes.Alentados por las críticas que lanza a cada paso la presidenta Cristina Fernández contra la Justicia, los operadores de la Casa Rosada se han involucrado en los despachos de jueces y fiscales con indisimulables métodos de hostigamiento. O, a la inversa (aunque con la misma intención), en calidad de amigables componedores en situaciones de alta crispación. Un ejemplo de esta avanzada tiene como destinatario al fiscal General ante la Cámara Federal, Germán Moldes, quien debe decidir si mantiene o no la apelación de su par Gerardo Pollicita al fallo del juez Daniel Rafecas que desestimó la denuncia contra la Presidenta por el caso Irán-Amia, formulada inicialmente por Nisman. Moldes aludió a presiones y llamados desde el kirchnerismo para que no comparta el criterio de Pollicita y de esa forma se caiga la acusación que complica a la Presidenta. Ventiló inclusive un ofrecimiento que le habrían hecho operadores oficialistas para agilizar el pliego de designación de su hijo como juez. Todo a cambio de contrarrestar la apelación de Pollicita.El caso más reciente es el pedido de indagatoria presentado ayer contra accionistas de dos diarios críticos del Gobierno – Clarín y La Nación –, por parte de un fiscal afín al oficialismo. Con el agravante de que se trata de un fiscal subrogante, Leonel Gómez Barbella, quien hasta hace pocas semanas no había tomado jamás contacto con esta causa. El fiscal anterior –cuya designación sí era válida y no se encontraba vencida– consideró que no había elementos para pedir una indagatoria.Todas estas son maniobras espurias reñidas con elementales normas constitucionales y de convivencia democrática, y que –vale apuntarlo– muchas veces cuentan con la connivencia de magistrados afines al poder de turno.Hay cuantiosos antecedentes sobre la tentación de los políticos de interferir en la Justicia. El vicio parece potenciarse cuando se dirimen causas e intereses políticos de enorme trascendencia.Por ello, la muerte de un fiscal, el pacto no esclarecido con un régimen lejano y beligerante y las sospechas de corrupción pública demandan conductas cristalinas tanto desde la política como de los que deben impartir justicia.