¿Glaciares en peligro?

Una versión periodística circula desde hace una semana y no fue desmentida por ningún vocero oficial: en una reunión con miembros de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el presidente Mauricio Macri se habría manifestado a favor de reformar la Ley de Protección de Glaciares. Las instrucciones a sus colaboradores habrían sido muy precisas: estudiar el tema y elaborar un proyecto de ley en los próximos dos meses para presentarlo al Congreso en febrero de 2018.

En principio, el proyecto no debería descuidar la protección del ambiente, pero sí permitir la actividad minera en plena cordillera. Es que, según los empresarios mineros, en el sector habría inversiones frenadas por unos 18 mil millones de dólares, que sólo se activarán si se reforma la ley actual. Esa norma, entienden otros especialistas, también impide nuevos proyectos hidroeléctricos.

Complementando estas preocupaciones sectoriales, representantes de San Juan le habrían hecho saber al Presidente, según el diario La Nación, que la ley de glaciares también es un obstáculo para la construcción del túnel internacional de Agua Negra, pieza clave en la ruta bioceánica para conectar el centro de la Argentina con el puerto chileno de Coquimbo.

La situación es compleja. Por un lado, si bien es cierto que no se le puede exigir a un gobierno que esté todo el tiempo confirmando o rectificando lo que publican los medios, esa acción se torna imprescindible cuando se trata de temas de alto impacto social, político, económico o cultural. Y una posible reforma a la ley que protege los glaciares cruza todas esas variables.

Por otro lado, la larga e intrincada historia de esa reciente ley está jalonada por tantas controversias que bien haría la administración Macri en revisarla en toda la extensión del término. Pero para asegurar su vigencia efectiva, no para desactivarla en aras de una presunta inversión que podría generar más perjuicios que beneficios.

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La ley demanda un inventario de los glaciares que deben ser protegidos, pero esa tarea nunca se realizó en su totalidad. ¿Cómo saber, entonces, si la anhelada protección se cumple?

Con todo, en 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó varias medidas cautelares contra la ley. Detrás de algunas de ellas se encontraba, casualmente, la provincia de San Juan. Y en 2014 avaló su constitucionalidad al rechazar un planteo de la Cámara Minera de Jujuy, que objetaba gran parte de su contenido.

Cabe preguntarse si ese mismo sector empresarial, tras una reunión con el Presidente y algunos de sus colaboradores, no estaría a punto de conseguir ahora lo que no obtuvo entonces la filial jujeña ante la Justicia.