Esa herida llamada Amia

Apenas unas horas antes de cumplirse el 21º aniversario del atentado contra la Amia, una resolución del Tribunal Oral Federal Número 2 prohibió la salida del país de varias personas vinculadas con una causa derivada del suceso –desvío y encubrimiento–, entre ellos el expresidente Carlos Saúl Menem. No es mucho para mostrar, pasadas dos décadas de uno de los procesos más enrevesados y manoseados de la historia judicial argentina.Que la respectiva vista de causa vaya a dar inicio el próximo 6 de agosto y que deban ­explicarse individuos como el exjuez Juan José Ga­leano, el abogado Víctor Stinfale, el fiscal Ramón Müllen, el exjefe de espías Hugo Anzorreguy, Rubén Beraja –alguna vez titular de la mutual–, un exjefe policial como Jorge ­Palacios o el oscuro Carlos Telleldín no habrá de aportar demasiado al esclarecimiento de un crimen que pesa sobre la historia argentina no sólo por su magnitud sino por los esfuerzos de go­biernos sucesivos puestos a direccionar la investigación o a obstruirla.Cuando el 18 de julio de 1994 estalló el edificio de la calle Pasteur al 600 en la ciudad de Buenos Aires –con un saldo de 85 muertos y cientos de heridos–, quedaba también entre los escombros una porción de la credibilidad de un aparato judicial que siempre se ha caracterizado por su morosidad e indiferencia, pero que pocas veces ha exhibido de manera tan cruda sus limitaciones en materia de competencias y capacidades, además de su imposibilidad para no fungir como cortesano del poder político, lejos de su función de garante del equilibrio del sistema.Desvíos en las investigaciones, intromisión descarada del Poder Ejecutivo, sentencias escandalosas y aprovechamiento feroz de los vericuetos procesales signaron esta historia inconclusa, a la que una fiscalía especialmente creada –a un alto costo– y liderada por el fallecido Alberto Nisman tampoco le aportó gran cosa, salvo una estruendosa denuncia de encubrimiento. Escaso consuelo para los sobrevivientes, a quienes también les estallaron sus propias internas, como si ello hubiera sido necesario.La persistencia de una impunidad consagrada por los años no hace sino ratificar lo que el imaginario argentino ha consagrado hace mucho: que en el país del "todo pasa" nada es imposible y zafar del justo castigo es lo más normal.Veintiún años después, sólo nos quedan nuestros muertos y el sabor amargo que deja el haber contemplado un festival impúdico en el que po­licías, delincuentes, abogados, fiscales y jueces se han confabulado para celebrar una saturnalia ante la mirada cómplice del poder de turno, ­promotor del desmadre y beneficiario de oscuros acuerdos.Todo en el caso Amia huele a corrupción –es cierto–, pero lo más grave sigue siendo que se trata de injusticia. Lisa y llana.