Elevada presión tributaria

El Gobierno provincial, así como las principales intendencias del interior, han dispuesto fuertes aumentos en los impuestos y sobre los servicios que prestan a los ciudadanos cordobeses.

Las autoridades han defendido este verdadero golpe al bolsillo en la necesidad de actualizar los ingresos debido a la inflación registrada en los costos de prestación y en el aumento de las remuneraciones del personal.

Dicen que tanto la Provincia como los municipios no son responsables de las políticas macroeconómicas que deberían instrumentarse para combatir la inflación y que –a diferencia del Estado nacional– no pueden beneficiarse de la emisión de dinero que practica la gestión de Cristina Fernández. El Tesoro nacional recibe, vía adelantos del Banco Central, miles de millones de pesos que no son repartidos con el interior.

Razones hay. La inflación y la emisión sin respaldo de la Nación son razones atendibles para la necesidad de ajustar los tributos al ritmo de la suba de precios. Sin embargo, cuando se realizan estos ajustes –en algunos casos muy por encima de la inflación real– no se alude a los problemas propios de cada administración.

Por caso, la gestión del gobernador José Manuel de la Sota –que en 1999 y en las elecciones sucesivas obtuvo el respaldo popular, basado en la reducción de impuestos– ha creado nuevas cargas disfrazadas bajo la denominación de “tasas” y mantiene las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que quita competitividad.

Sin dudas, la Provincia resulta perjudicada en el casi nulo presupuesto de obras públicas que le asigna la Nación para 2014, pero también existen ineficiencias internas que llevan a aplicar impuestos que agravan la pérdida de competencia de la producción local. Los ejemplos más mencionados son la fuerte suba –del 25 al 35 por ciento– en la tasa vial que se aplica sobre los combustibles y del 26 por ciento sobre la energía eléctrica.

Asociaciones del Derecho y de Ciencias Económicas han señalado que es inconstitucional gravar las naftas con una “tasa vial”, ya que existe un impuesto nacional y el compromiso de las provincias de no gravar este bien. A ello se agrega el aumento en los peajes, con lo cual el traslado de personas y bienes tiene una de las imposiciones más caras del país.

La Municipalidad de la ciudad de Córdoba, que da muestras de tratar de poner orden en las finanzas públicas, no puede –por contrapartida– moderar y encauzar el reclamo de los trabajadores municipales, que en líneas generales se llevan dos de cada tres pesos recaudados.

Es tiempo de que autoridades provinciales y de los municipios exploren la posibilidad de reducir costos y, por ende, el peso de los impuestos sobre la economía familiar y la actividad productiva. Ese sería el mejor presente de Navidad para los cordobeses.