El interior cómplice

La reciente sanción por parte del Congreso Nacional del Presupuesto General de Gastos y Recursos para 2012 volvió a poner negro sobre blanco la verdadera concepción política que anima al Gobierno en su relación con el “interior profundo”, como suele proclamar la Presidenta en su relato edulcorado.

Para el próximo año, el Estado nacional prevé recaudar 668 mil millones de pesos por las distintas cargas tributarias, de los cuales sólo 163,9 mil millones serán adjudicados a las provincias a través del sistema de coparticipación federal de impuestos. Así, sólo llegará de manera directa al interior el 24,5 por ciento, es decir, apenas uno de cada cuatro pesos por ingresos tributarios del Estado nacional. Este se apropiará de tres de cada cuatro pesos que ingresen al fisco.

Ello en función de que se modificó en muchos casos la asignación de los recursos, mientras que de los derechos de exportación –las llamadas “retenciones”– sólo se coparticipará el 30 por ciento de los correspondientes al complejo sojero. Esta “concesión” del kirchnerismo le fue arrebatada en medio del conflicto con el campo, en 2008.

Está claro cuál es el propósito oculto tras esta concentración histórica de recursos: someter a gobernadores e intendentes a un vía crucis hasta la Casa Rosada, para lograr la concesión de una obra pública o una partida de fondos. Este no es el espíritu de nuestra Constitución Nacional, ni el de sus sucesivas reformas.

Los constituyentes imaginaron un país de iguales entre las provincias y la Nación Argentina, incluso solidario con las regiones más postergadas o necesitadas del apoyo federal.

“El uso de fondos públicos para el sometimiento de las dirigencias locales puede ser un método pragmático y exitoso de gestión política, pero definitivamente es el ocaso del progreso social”, advirtió el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), al cuestionar el manejo discrecional del Gobierno central.

Los representantes del interior –diputados o senadores nacionales– también son cómplices de este Estado acaparador de recursos para someter a provincias y municipios. El Presupuesto 2012 y las recientes leyes económicas sólo fueron posibles con la mano alzada de esos legisladores.

Estos no pudieron siquiera imponer la distribución automática de los fondos para financiar el déficit de las cajas provinciales de jubilaciones, pese a que así se estableció en 1995, cuando se creó el régimen privado de pensiones y se fijó la obligación de la Nación de financiar el déficit de los organismos previsionales que no se transferían al poder concentrador.

Una república de desiguales sólo es posible con el silencio cómplice o la obediencia de los legisladores que representan a los distintos pueblos del interior en beneficio del centralismo político. El progreso social con equidad nunca fue tan escaso para los habitantes de toda la Argentina.