El diálogo no puede faltar

Autoridades provinciales y funcionarios nacionales repitieron ante los máximos jueces del país un triste espectáculo el lunes. Cada grupo expuso su libreto y no hubo posibilidades de avanzar en un diálogo que tienda a solucionar el reclamo judicial planteado por Córdoba sobre el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones, tema que deberá ser resuelto por los integrantes del máximo tribunal. El gobernador José Manuel de la Sota y el titular de la Caja de Jubilaciones, Osvaldo Giordano, explicaron por qué Córdoba exige el pago por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de 1.040 millones de pesos, correspondientes al año 2011.El titular de la Anses, Diego Bossio, y el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, rechazaron la pretensión de Córdoba, argumentando que las autoridades provinciales no habían avanzado en la armonización que preveía el acuerdo firmado casi tres años atrás. "No hay deuda", repitieron.Sendas presentaciones fueron acompañadas por abundantes antecedentes, así como datos estadísticos que avalaban los fundamentos de una y otra parte.Sin embargo vale aquí una aclaración, ya que en su afán de descalificar el reclamo, los funcionarios nacionales incluyeron en las remesas a Córdoba el giro de partidas que son normales a la actividad de los agentes del Estado en Córdoba, por caso, el pago de sueldos a empleados que se desempeñan en oficinas públicas, a docentes de las universidades nacionales instaladas en el territorio cordobés y la masa salarial de jubilados y pensionados de ese ámbito que cobran sus haberes en la provincia, entre otras.Esa caprichosa argumentación no puede ser aceptada, pues significaría desconocer las obligaciones del Estado nacional, que, por otra parte, percibe aquí impuestos que la Constitución le obliga a coparticipar con todas las provincias.En el último tramo de la audiencia, la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, trató de abrir un período de negociación por 20 días, petición que fue rechazada por los representantes del Estado nacional.La primera obligación de no abandonar el diálogo y adherir a este método de la democracia para la solución de controversias pertenece sin dudas al Estado que conduce la presidenta Cristina Fernández. Por lo tanto, su falencia en la mencionada audiencia fue doblemente grave, más allá de los ideólogos y asesores que enseñan que la confrontación es un método exitoso de construcción política por parte de la jefa del Estado.Pero la búsqueda del diálogo sincero también le corresponde al Gobierno de Córdoba, que debe evitar usufructuar cada acto o gesto de esta contienda para el posicionamiento político del gobernador, que termina perjudicando a los intereses de la provincia y de miles de jubilados.