El derecho negado a las víctimas

En los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba comenzó el histórico juicio oral y público que tiene como principal foco de investigación los crímenes perpetrados durante la dictadura militar en el exdestacamento del Ejército La Perla, convertido por aquellos años en uno de los mayores centros clandestinos de detención y exterminio de personas del país. Se trata del quinto juicio que se sustancia en Córdoba por delitos de lesa humanidad. En los cuatro procesos anteriores, resultó condenado a prisión perpetua el exjefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, a quien, además, se lo consideró "indigno" de pertenecer a la fuerza y fue degradado.Este voluminoso expediente, que ya se ventila en el Tribunal Oral Federal Nº 1, tiene 44 procesados como supuestos autores de los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y lesiones gravísimas, todos agravados. Pero resulta estremecedora la cantidad de víctimas: 417, de las cuales 165 son sobrevivientes."La causa grande", la denominaba la fiscal federal Graciela López de Filoñuk, impulsora de la casi totalidad de las averiguaciones y procesamientos a estos efectivos militares, de la Policía de Córdoba y civiles sumados como matones a sueldo a la tropa que respondía a Menéndez. No es extraño, entonces, que se hayan agregado 16 causas conexas en este proceso, que tendrá una duración de algo más de un año.Un rasgo distintivo, sin embargo, parece escondido detrás del fárrago de trámites procesales que han motivado que este caso emblemático se ponga en marcha a más de tres décadas de ocurridos los hechos. Se trata, ni más ni menos, de que los protagonistas de aquella barbarie tienen la posibilidad de afrontar un juicio justo y con todas las garantías del debido proceso.Un derecho que no tuvieron las miles de víctimas que eran secuestradas en la calle, torturadas y ultimadas en La Perla o en otros campos ilegales. Aquellas redadas fueron instrumentadas desde los cuarteles o la Central de Policía y pasaron por alto las más elementales reglas judiciales, y en muchos casos contaron con la complacencia de magistrados y funcionarios del propio Poder Judicial.Además, ni Menéndez ni sus subordinados jamás admitieron a la Justicia ordinaria de la democracia, como tampoco esbozaron un mínimo gesto de arrepentimiento.Pero esta falta de apego a las leyes no fue patrimonio de los represores cordobeses. Toda la geografía nacional estuvo signada durante los años de plomo por esta metodología. No se sometieron a las normas ni aun cuando se trató del robo de bebés nacidos en cautiverio, lo que por primera vez será ventilado en Córdoba, en este juicio que debe servir de ejemplo para que el horror no se repita nunca más.