Distorsiones laborales

Un reciente fallo de la Cámara Única del Trabajo de Villa María puso en primer plano el tema de los empleados contratados en los distintos niveles del Estado. La resolución cuestiona la distorsión institucional que supuso la contratación de un trabajador por ocho años para luego despedirlo, sin más. La autoridad estatal, se entiende, es la primera que debe cumplir las leyes y velar por ellas.La figura del contratado en el ámbito público debe ser "excepcional" para tareas específicas, que no puedan ser cumplidas por personal de la planta permanente, ya sea por una situación de emergencia o por una necesidad inmediata, debido a la aplicación de nuevos programas. En caso contrario, se debería incorporar un empleado siguiendo las disposiciones legales.En el ámbito de la administración provincial, hay 11.210 trabajadores que revisten como contratados, cuyo vínculo fue renovado por otros 18 meses. En la Municipalidad de Córdoba, se desempeñan 1.041 agentes en la misma condición. A nivel país, en julio último había casi 60 mil agentes más en el sector estatal, entre permanentes y contratados, en relación con igual mes de 2015, según el Ministerio de Trabajo de la Nación.La lista de personal contratado no se agota allí, sino que se multiplica en las distintas empresas del Estado, organismos descentralizados y otras áreas que no están incluidas en el organigrama de la administración central de cada gestión.Pero hay otras distorsiones que corresponden a los trabajadores. La consagración del derecho constitucional a la estabilidad no logró frenar el ingreso a la administración pública, como pago de favores políticos o gremiales, que la sociedad desconoce en su complejidad.Ese derecho se convirtió en la mejor tarjeta de inepcia e inercia de buena parte de los dependientes, que parecen tener más derechos que obligaciones y que nunca terminan de aceptar que en sus tareas son "servidores públicos".En los convenios, cuyas últimas actualizaciones son anteriores a los desarrollos de la tecnología y a la digitalización de archivos y actos de gobierno, no se incluyen nuevas funciones. Tampoco esos estatutos incluyen pautas de productividad.Se genera así una distorsión en la incorporación de personal que, en la mayor parte de los casos, se realiza para atender demandas surgidas de aplicaciones y desarrollos para la gestión de gobierno.La ilegalidad en las contrataciones debe ser superada por el concurso de aptitudes de las personas que quieran desempeñarse en el sector público. Los trabajadores deberán aceptar que sus tareas están sujetas a modernos estándares de producción. En caso contrario, las distorsiones se acumulan y la sociedad es la que soporta el costo.