Desgracia sobre desgracia

Propietarios que endilgan culpas a las víctimas; funcionarios públicos que se apresuran a deslindar responsabilidades, y miradas atónitas de gente de avanzada edad que no halla consuelo ni explicación para tanta desgracia. Ése es el paisaje que sucede a tragedias como la ocurrida el miércoles último en un geriátrico en el sur de la ciudad de Córdoba. Allí, en el servicio de geriatría de la Clínica Privada Vida Sana, se produjo un incendio que provocó la muerte de un hombre de 65 años y heridas muy graves a otros dos. El sentimiento de dolor ante lo irreparable y de indignación por ese ensañamiento del destino con personas que ya sufren por estar lejos del hogar y aislados de sus seres queridos, precisamente cuando quizá necesiten más compañía, se intensifica porque estos hechos se repiten.Más allá de lo que de accidental e imprevisible pueda tener y de lo que la investigación en curso revele acerca de sus causas, hay que recordar que hace apenas cinco meses ocurrió algo similar en un centro del Cerro de las Rosas.En esa oportunidad, las consecuencias fueron más graves todavía, pues resultaron seis las víctimas que murieron calcinadas. Y, como se afirmó en esa ocasión, se hace imperioso un esfuerzo de reflexión para sacar de episodios tan tristes las enseñanzas que permitan prevenirlos y evitar que se produzcan, o afrontarlos con mayor celeridad y eficacia si vuelven a ocurrir.En el incendio de septiembre de 2010, campeó la improvisación y el desorden, y el papel más destacado lo cumplieron los vecinos que no dudaron en actuar por su cuenta para ayudar. En el último, fueron las enfermeras las que arriesgaron sus vidas para rescatar a los internados. Es una historia que se repite de manera inadmisible, más allá de que de la anterior tragedia quedó una imputación por homicidio culposo y un pedido de investigación a los funcionarios municipales que habilitaron el geriátrico.Por lo visto, poco se ha hecho para cambiar la realidad de los numerosos centros que funcionan en Córdoba. En esa ocasión, se reveló que casi la mitad de esos establecimientos estaría en situación irregular y eso no parece haber cambiado en forma sustancial. Persiste, pues, un desorden administrativo que exige mayor responsabilidad a los municipios, con inspecciones periódicas e informes a la Provincia sobre la verdadera situación de esos centros asistenciales. Resulta indignante que cinco meses después de aquella tragedia, algunas carencias se repitan como si no hubiese pasado nada, pese a la promesa oficial. Hay que actuar con resolución y prontitud en un tema tan sensible como lo es la dolorosa necesidad que enfrentan algunas personas que tienen que confiar el cuidado de un familiar a esos establecimientos. Esa desgracia no merece ser duplicada y expuesta con las tragedias que hoy nos ocupan.