Culpas compartidas

La Argentina tiene desde hace tiempo un despertar inquietante cada día ante la posibilidad de un nuevo accidente de trenes o de ómnibus, que es lo más común en esos servicios. Por el contrario, las tragedias no deberían tener nada de común en esas prestaciones.

Esta vez el accidente volvió a producirse en la línea de trenes Sarmiento, en la estación Once, en Buenos Aires, en el mismo andén y lugar que en febrero de 2012 les costó la vida a 52 pasajeros y aún hay decenas de heridos que sobreviven con graves traumas físicos y psicológicos.

Una vez producido el nuevo accidente, se sucedieron los reproches de autoridades y dirigentes gremiales ferroviarios sobre quién era el culpable de que una formación hubiera destrozado los paragolpes hidráulicos de la estación. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales, como sí sucedió en las anteriores tragedias de Once y Castelar.

Como el nuevo accidente se produjo a poco más de una semana de las elecciones legislativas, de inmediato todas las especulaciones de autoridades y dirigentes sindicales apuntaron a su impacto en los comicios, cuando en realidad se trataba de acudir rápidamente en auxilio material y psicológico de las miles de personas que se desplazan a diario en esas formaciones.

Los funcionarios kirchneristas –el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni– apuntaron sus sospechas contra el arco gremial, al que le endilgaron la posibilidad de planear un accidente a pocas horas de las elecciones.

Rápidamente, las voces oficialistas acompañaron esa versión a través de declaraciones periodísticas y por mensajes difundidos en las redes sociales.

Es como si la oposición o “los conspiradores de siempre”, según el lenguaje oficial, pudieran contratar conductores kamikazes para protagonizar tres tragedias ferroviarias.

Esa acusación no resiste el menor análisis, como tampoco es aceptable la permanente excusa de los sindicalistas ferroviarios, que siempre ven errores en la gestión oficial, obviando lo que puede ser una falla humana, comprensible pero inaceptable.

De ningún modo, por otra parte, la tragedia siempre es enajenable a las autoridades y a los operadores privados que tuvieron durante 10 años el manejo de trenes.

Estos, al igual que gremialistas condenados por la Justicia y funcionarios que aún no fueron puestos en el banquillo, recibieron fondos multimillonarios, que no se invirtieron en mejorar el servicio. Son, en definitiva, corruptos que se quedaron con los impuestos pagados por toda la sociedad para su enriquecimiento personal.

Queda mucho por corregir en los servicios públicos, pero la prioridad son los pasajeros, y no el enrostrar culpas políticas y de conducción tras cada accidente.