Copar el Estado

La disputa política en torno del balotaje presidencial colocó en un segundo plano decisiones inaceptables por parte de autoridades de distinto orden que se hallan en funciones. La más polémica fue la designación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación de dos jóvenes militantes de la agrupación La Cámpora en la Auditoría General de la Nación (AGN), con la intención de proteger futuras revisiones de las cuentas públicas de la gestión de la presidenta Cristina Fernández. Esa institución deja en manos de la oposición la auditoría de los gastos de la administración central y de las empresas públicas. El kirchnerismo ha batallado siempre contra sus dictámenes adversos y, en la reciente sanción del Presupuesto 2016, logró excluir a la deficitaria empresa Aerolíneas Argentinas del control de la AGN. El objetivo de copar el Estado nacional por parte de los militantes que responden a la Presidenta queda demostrado con la creación de más de una decena de organismos, de los cuales en algunos casos se desconocen sus funciones reales. Los cargos en esos entes son cubiertos por el oficialismo con personal cuyas remuneraciones exceden con creces la productividad que exhiben en tales tareas.En la última década, el empleo creció 38 por ciento en la administración pública nacional, que posee ya unos 400 mil agentes. Los puestos en el Estado se multiplicaron en todos los niveles. Los registros oficiales dan cuenta de más de 3,5 millones de empleados.A las designaciones ya producidas, en las últimas horas, se sumaron miles de empleados que ingresaron por decisión de gobernadores o intendentes derrotados en sus distritos. El caso más notorio fue el del municipio tucumano de Concepción, que pasó a manos de la oposición. Antes de dejar el cargo, el intendente saliente designó a 400 trabajadores, lo que duplicó el personal y puso en riesgo las finanzas municipales.Jefes municipales del conurbano bonaerense adoptaron una actitud similar. En algunos casos, agregaron fuertes subas en sueldos y asignaciones de la planta permanente.El largo listado de decisiones injustificables incluye la ocupación de tierras fiscales en Merlo, provincia de Buenos Aires, lo que fue alentado por autoridades y punteros políticos con el objetivo de condicionar a las autoridades electas.Tanto el Poder Legislativo como el Judicial deberán poner fin a esta histórica actitud de tomar al Estado como un botín por repartir entre los seguidores de una fracción política a costa de la exacción impositiva de los contribuyentes. La renovación política resultante de las últimas elecciones deberá ser inflexible con la desarticulación de esta condenable actitud y llevar ante la Justicia a quienes ponen en riesgo las prestaciones mínimas que debe brindar un Estado equilibrado en sus cuentas y eficiente en sus servicios.