Contra la república

Cuando un poder del Estado intenta acallar y poner a su servicio a los otros poderes, está minando el principio republicano constitucional de la división de poderes. Lo que pretende el gobierno de Cristina Fernández es evitar cualquier control independiente sobre las acciones oficiales y avanzar sobre la Justicia para obtener un dictamen favorable sobre la ley de medios. De ese modo, busca asestar golpes letales a quienes percibe como sus enemigos sólo porque están en condiciones de revisar los actos públicos u ofrecer una versión alternativa al relato oficial. Viola así preceptos constitucionales como la transparencia, la libertad de expresión y el pluralismo. Son vergonzosas las maniobras del oficialismo para doblegar al Consejo de la Magistratura, que debe definir las vacantes en cinco juzgados civiles y comerciales, uno de los cuales tiene que avocarse a una causa planteada por el Grupo Clarín contra dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.Un grupo de diputados nacionales de la oposición denunció que el Gobierno intenta desplazar del Consejo a un miembro que no forma parte de la mayoría oficialista en el cuerpo.En esta disputa, hay otros organismos intervinientes, como la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Su titular, Martín Sabbatella, recibió la orden de la Presidenta de que todas las empresas de comunicación presenten su plan de adecuación a la ley de medios y obtengan la aprobación de la Afsca antes del 7 de diciembre próximo, fecha en que finaliza la cautelar interpuesta por el Grupo Clarín.Pero la cuestión de fondo es simple: se intenta restringir la libertad de expresión, limitar a los medios de comunicación independientes y desguazar los multimedios de mayor envergadura, que existen en todos los países democráticos.En España, por ejemplo, el diario El País y la cadena radiotelevisiva Ser, además de muchos otros medios, pertenecen al grupo mutimediático Prisa. Empresas similares existen en casi todos los países europeos. Su poder económico y su magnitud es lo que les permite ser independientes, tanto de la política como del mercado.El problema consiste en que el gobierno kirchnerista empezó a identificar a los medios independientes como enemigos e impulsores de un plan de desestabilización. Con el mismo argumento, ahora embate contra el auditor general de la Nación, el radical Leandro Despouy, cuya misión es controlar el accionar del Poder Ejecutivo y de los servicios que brinda el Estado.Se confunden así los términos, porque los fracasos de la gestión no se deben a quienes ejercen controles republicanos ni a la prédica de los medios independientes sino a errores gubernamentales, a los efectos de la crisis económica y financiera internacional y a males internos endémicos como la inflación, además de la desmesurada tendencia al poder absoluto.