Contra el maltrato

La mayor cantidad de episodios de violencia física y de crímenes que se cometen en la Argentina no proviene de desconocidos, sino de integrantes de la propia familia o de personas unidas por lazos sentimentales con las víctimas. Los últimos datos fidedignos sobre el tema corresponden a 2008 e indican que de los 2.305 homicidios dolosos ocurridos ese año en el país, el 64 por ciento de los casos se produjo por cuestiones interpersonales (entre parejas, familiares, conocidos o vecinos), según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.Aun cuando no sean cifras ni porcentajes actualizados –lo que revela la falta de seriedad del Gobierno nacional a la hora de mantener al día las estadísticas oficiales– marcan tendencias sociales de largo plazo.Por ese motivo sirven como contexto para entender el alcance de la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia de Córdoba, acerca de que es delito violar una restricción de contacto.En otras palabras, el fallo significa que si una persona incumple la orden de mantenerse alejada de la víctima, cometerá el delito de desobediencia a la autoridad, susceptible de una condena de entre 15 días y un año de prisión.Puede parecer una condena muy breve, pero su importancia radica en que el condenado sólo podrá disfrutar del beneficio de la supensión de pena de prisión la primera vez. Si reincide en violar la orden de restricción, deberá cumplir la pena efectiva.Por eso, como expresó el juez Gabriel Prémoli, "lo ideal es que las causas de desobediencia a la autoridad en los casos de violencia familiar lleguen a juicio, pues si hay sentencia definitiva, la persona nunca más va a gozar del beneficio de la condena de ejecución condicional".La resolución fue dictada por la Sala Penal del TSJ, cuyas integrantes son Mercedes Blanc de Arabel, María Esther Cafure de Battistelli y Aída Tarditti, quienes así pusieron punto final a una serie de controversias y diferencias de criterios en las sentencias de los tribunales provinciales.En 2011 hubo 23.530 denuncias de violencia familiar en la provincia de Córdoba. La tercera parte de los denunciantes pidió que se prohibiera o se restringiera la presencia del agresor.El último caso resonante ocurrió en octubre, cuando la abogada Mariana Torres fue asesinada por su expareja, quien infringió la orden de restricción de acercarse a ella.La resolución del TSJ empieza a levantar un muro jurídico para que estos tristes episodios no se multipliquen. En poco tiempo, se sumará la entrega de botones antipánico a las víctimas de violencia familiar, quienes así podrán alertar a la policía.Falta mucho aún en la guerra contra este tipo de maltrato, pero al menos se está trazando un camino en esa dirección.