Consenso más que chicanas

El Gobierno nacional y la oposición política, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación y un endeble predominio en el Senado, están jugando sus estrategias con objetivos particulares. La gestión de Cristina Fernández de Kirchner procura anticiparse o desarticular cualquier proyecto legislativo que suponga recortar las facultades del Poder Ejecutivo y los bloques opositores pretenden quitarle el manejo de recursos que, según denuncian, están destinados a fines electorales y a favorecer al "capitalismo de amigos". Ninguno de los dos objetivos es válido.

Uno y otro olvidan que tienen, ante todo, un compromiso con sus representados de encontrar las mejores soluciones para afirmar un crecimiento sustentable, un reparto más equitativo de la riqueza del país y promover a los más pobres.

Es justo que los jubilados nacionales, cuyos haberes estuvieron congelados en el período 2002 a 2006 -no sólo en la década de 1990, como denuncia el oficialismo-, tengan derecho a un haber digno, que les permita la subsistencia y, asimismo, atender sus otras necesidades. La oposición debería identificar con claridad de dónde van a salir los fondos para atender una mejora que fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia.

Tampoco son válidas las chicanas del oficialismo, que ocupa a los principales ministros del gabinete en desacreditar el presente y el pasado de la oposición, sin hacer aportes concretos.

Consagrar el 82 por ciento móvil para las jubilaciones mínimas supondría un gasto extra anual de 22.400 millones de pesos, según coinciden los principales institutos de economía ante la falta de un estudio actuarial serio por parte del oficialismo. El Estado nacional gastó en el primer semestre unos 19.500 millones en subsidiar las tarifas energéticas y del transporte, que benefician principalmente a los residentes en la Capital Federal, y en asumir los déficits de Aerolíneas Argentinas y del proyecto Fútbol para Todos, entre otros gastos incomprensibles. Además, en junio, el Gobierno pasó al Tesoro 1.986 millones de ganancias que arrojó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), en lugar de efectuar mejores prestaciones para los pasivos.

El Gobierno y sus ministros no son serios con sus chicanas. Los procedimientos de mala fe también se incluyen para desacreditar el virtual acuerdo opositor para llevar a cero el impuesto a las exportaciones de granos y de las economías regionales y segmentar el derecho de exportación que se cobra a la soja. Hace 11 meses que se anunció que se compensaría la retención a los productores de trigo y aún ninguno la percibió.

La cultura política de la Argentina del Bicentenario merece un cambio importante para lograr un crecimiento sustentable, erradicar la corrupción y promover a los pobres. La responsabilidad primaria es del que gobierna, que debe buscar los acuerdos necesarios.