Ajustes en el Paicor

La provincia de Córdoba no es ajena a la compleja realidad económica que vive el país y que impacta con mayor crudeza en las franjas sociales de escasos recursos. Desde esa perspectiva (y sobre la base de los índices de pobreza que reflejan un deterioro constate en la calidad de vida de millones de ciudadanos), resulta cuanto menos inapropiado incluir en la agenda oficial restricciones en materia alimentaria.Son decisiones que se tornan más discutibles aún cuando están en riesgo las raciones de comida que se distribuyen en el ámbito escolar desde hace décadas.Es la situación controvertida en la que ha quedado el Programa de Asistencia Integral de Córdoba (Paicor), objeto de denuncias políticas y judiciales desde que el Gobierno de la Provincia decidió hacer una depuración del padrón de beneficiarios, lo que determinó que en algunos casos se redujera a la mitad la cantidad de raciones diarias.Padres de alumnos de la escuela primaria Pablo Rueda, de la localidad de La Granja, en las Sierras Chicas, optaron por llevar el caso a la Justicia y denunciar que 148 niños de ese establecimiento serán marginados del programa. Aducen "derechos adquiridos", aunque, en realidad, el foco de la cuestión debería centrarse en el corte de las dietas.Fue el episodio de mayor repercusión mediática, aunque se conoce que en otros colegios de la ciudad de Córdoba las directoras de los establecimientos tomaron la decisión personal de compartir las raciones del Paicor con aquellos chicos que fueron dados de baja del padrón.Es verdad que las mayores exigencias para el acceso al programa tienden a regular y a ordenar un sistema que puede haberse desbordado durante años (tanto en la cantidad de inscriptos como en la calidad de los alimentos), pero resulta abusivo exigir una "declaración jurada" a los padres de los alumnos para demostrar que son pobres.Es poco feliz y hasta riesgoso que el Paicor se vea enredado en una telaraña burocrática y política que poco contribuye a respetar la letra fundacional del programa, cuando señala que tiene como fin "atender en forma integral y sistemática las necesidades de las familias y educandos de menores recursos" en toda la provincia.Pero más allá de estas desavenencias –que amagan con terminar por dirimirse en los tribunales–, no parecen ser los tiempos actuales los más apropiados para hacer un ajuste alimentario de estas características. Es irrefutable que la pobreza creció y que la provincia de Córdoba no es ajena al fenómeno.Parece muy poco coherente pretender cuidar el gasto público mediante el corte de una ración de comida, mientras se van sumas millonarias de dineros del Estado por otros agujeros burocráticos nunca resueltos por los gobernantes.