Adhesiones auspiciosas

La ley provincial de Alcoholemia Cero transcurre una etapa de concientización, al cabo de la cual se aplicarán fuertes multas a quienes infrinjan esta normativa pensada para prevenir las tragedias viales, muchas veces ocasionadas por conductores que circulan por las rutas bajo los efectos del alcohol. Si bien esta regulación, sancionada por la Legislatura de Córdoba en diciembre de 2013, rige para las rutas que están bajo control de la Policía Caminera de la Provincia, el texto incluye una invitación a los municipios y comunas a que ­adhieran a la nueva legislación.Un paso fundamental al respecto lo acaban de dar ciudades y localidades de ese enorme conglomerado que conforman las Sierras Chicas, cuyos gobernantes se pusieron a tono con la relevancia de la medida y avanzan en un proyecto de adhesión a la ley que, además, le da un marco jurídico a la figura del conductor designado.Villa Allende, Saldán, Río Ceballos, Salsipuedes, Unquillo, Mendiolaza, La Calera, La Granja, Cerro Azul, Agua de Oro y El Manzano acordaron que someterán al tratamiento de sus respectivos concejos deliberantes la adhesión a la ley provincial. Un puntapié inicial auspicioso en una zona poblada de boliches a los que cada fin de semana concurren miles de jóvenes.Pero el respaldo pleno a la iniciativa sigue en estado deliberativo en otras ciudades grandes de la provincia, entre ellas la Capital, que continúa con parámetros más permisivos, como el límite de 0,4 gramos de alcohol por cada mil centímetros cúbicos de sangre. Vale precisar que antes de su modificación, la Ley de Tránsito número 8.560 ya fijaba en cero ese valor para los conductores de motos, taxis, camiones y colectivos.Más allá de los acuerdos y disidencias que generó la flamante legislación, el programa debería estar por encima de los debates interminables y aportar a la toma de conciencia de la ciudadanía, para que no sigan ocurriendo los siniestros viales, con saldos muchas veces irreparables, que produce el alcohol al volante.Con todo, habrá que prestar atención a un asunto clave: sería temerario que los efectos de la ley puesta en marcha, tanto en el ámbito provincial como en los municipios adherentes, den prioridad a los fines recaudatorios por encima de la necesidad de poner coto a la ola de accidentes derivados de la ingesta de alcohol y la imprudencia de los conductores.El elevado costo de algunas multas, entre otros gravámenes, ha sido fijado con criterio sancionatorio y de llamado a la reflexión de los que violen la normativa y no como un novedoso tributo que pase a engordar las recaudaciones. La formación de equipos de trabajos interdisciplinarios en materia de educación, información y concientización sobre los riesgos de conducir alcoholizado aportará la cuota necesaria para que el programa no se agote en penalidades dinerarias.