Consejo independiente, Justicia independiente

El Consejo de la Magistratura es una institución introducida en la reforma constitucional de 1994, con la que se pretendió eliminar la influencia político-partidaria en el nombramiento y la remoción de jueces y magistrados. En 2006, la entonces senadora nacional y primera dama Cristina Fernández de Kirchner arremetió contra su independencia con una ley que –al reducir de 20 a 13 sus miembros– rompía el equilibrio por el que los estamentos que lo integraban se anulaban entre sí y ningún sector tenía poder de veto. Esa reforma suprimió la representación de los legisladores de la segunda minoría, redujo la de los abogados, jueces y académicos, pero mantuvo a los legisladores oficialistas y al representante del Poder Ejecutivo. Así, el Gobierno nacional, con un voto extra a los ya cautivos (legisladores oficialistas y el representante del Poder Ejecutivo), cuenta con poder de veto. Es por esto muy importante que los estamentos que en el Consejo de la Magistratura no dependen del poder político hagan valer su representación con independencia. Integración. En agosto último, los abogados de la Capital Federal eligieron como representante a Alejandro Fargosi, postulado por el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires. Ya lo hicieron los jueces, y los abogados del interior elegirán mañana su delegado. Luego se nominará el representante académico. Legisladores de la oposición y el oficialismo deberán, también, renovar a sus representantes. El recambio será casi total. Sólo quedarán el secretario de Justicia de la Nación, Héctor Masquelet, representante del Poder Ejecutivo, y uno de los legisladores kirchneristas, Marcelo Fuentes, quienes ingresaron más tarde. Hasta 2006, como representante de los abogados, trabajé en un Consejo que, lejos de las afirmaciones kirchneristas, con falencias perfectibles, se iba acercando al ideal republicano de Justicia. A través de consensos internos, ajustaba su funcionamiento para ir ganando en celeridad y transparencia. Los datos de selección y remoción de jueces muestran cómo, en lo estrictamente cuantificable, iba obteniendo mejores resultados. El proceso de selección, aunque largo, garantizaba que quedaran los candidatos más solventes, sin los cuestionamientos que hoy lo acechan. 82 concursos. El Consejo no tiene la facultad de nombrar jueces, sino que los selecciona para presentarle al Poder Ejecutivo ternas de postulantes en un orden de mérito. Era en esa instancia donde se frenaban los nombramientos. El año en el que me desempeñé como titular de la Comisión de Selección llevamos a término 82 concursos. El Poder Ejecutivo demoró más de un año para nombrar a esos jueces. En ese año, más el que demoró el concurso, esos juzgados estuvieron con jueces subrogantes. Cuando nos enfrentamos a la ley que proponía la actual Presidenta, la defensa del Consejo fue una causa solitaria. Por más que insistimos, peleamos y exigimos el sostenimiento de su autonomía, los reclamos se diluían en una relativa bonanza económica, que anestesiaba a la sociedad. El escenario político actual y el triunfo de Alejandro Fargosi con su lista opositora al Gobierno propician una renovación. Es vital que académicos, jueces y abogados conservemos nuestra representatividad frente a los avances del Gobierno y de partidos opositores. Debemos ser prudentes, propiciar que el Consejo de la Magistratura sea independiente, no sólo opositor.