Protestas en el Primer Mundo

Un millar de personas se concentran en Zuccotti Park, en los alrededores del corazón financiero de Nueva York, en septiembre de 2011. Los asistentes llevan carpas y piensan quedarse para protestar contra el poder de los bancos. La policía los mira con mala cara y amenaza con aplicar la ley de vagancia para impedir la instalación. Los ocupantes no tienen miedo: la sede informal del movimiento Occupy Wall Street cambia de nombre, el Zuccotti es rebautizado como Liberty Park. Todo un símbolo. Una década atrás, allí cerca se veía a las Torres Gemelas. Durante 58 días formarán parte del paisaje, hasta que la policía los desaloje y 70 de ellos terminen presos. En su mensaje a la Asamblea Legislativa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó su deseo de acordar una legislación sobre convivencia urbana para regular las protestas sociales en Argentina. Puso como ejemplo lo que vio en Estados Unidos durante una visita: no había cortes totales de calles, los negocios permanecían abiertos, y explicó que no pretendía tanto porque "seríamos el colmo de la civilización y los argentinos somos un poco más desordenados". El comentario de la Presidenta toma en cuenta la tradición y la historia propias de las movilizaciones populares en Argentina y en la región. Marchas, reclamos gremiales, incluso modalidades más recientes como cacerolazos, cortes de rutas y calles forman parte de la cultura política y social que caracteriza al país. Su regulación no es tarea sencilla. Sindicatos y organizaciones sociales cuestionaron la propuesta y la vincularon con la idea de criminalizar la protesta social. En Estados Unidos y en buena parte de Europa, las manifestaciones no pueden realizarse de manera espontánea. Por el contrario, se debe solicitar permiso al alcalde o a la policía y cumplir una serie de requisitos para lograr su autorización. El incumplimiento de las normas puede originar multas económicas y hasta procesos judiciales contra los organizadores. El modelo estadounidense La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de expresión, concepto que incluye la libertad de palabra, de prensa y de reunión. Este derecho permite que las personas se reúnan con fines pacíficos siempre que la convocatoria haya sido legalizada por las autoridades locales. Dos semanas después de aquel primer acampe de Occupy Wall Street, 700 personas fueron detenidas durante un acto que cortó el tránsito en el puente de Brooklyn. Tras el desalojo de Zuccotti Park, el predio podía utilizarse pero se prohibieron las carpas y se impidió que la gente durmiera allí. Sin un espacio emblemático de reunión, el movimiento perdió atención de los medios, aunque los miembros de su equipo de prensa todavía enfrentan juicios abiertos en Nueva York. Quienes no aceptan el camino institucional y administrativo prefijado, quienes se concentran sin consentimiento, terminan sentados en el banquillo de los acusados. Sin castigos ejemplificadores, la modalidad podría tornarse un dolor de cabeza frecuente para el gobernante de turno.En Europa, los límites fijados para las protestas también señalan un escenario similar al estadounidense. En Francia, por ejemplo, se deben detallar motivo de la convocatoria, itinerario, horario de comienzo y de fin previstos y el nombre de los organizadores que garantizan por escrito el perfecto estado de conservación de los espacios afectados tras el evento. Los reclamos sin aprobación pueden originar penas de hasta seis meses de prisión y 7.500 euros de multa aun cuando no se hayan producido delitos durante la marcha. Endurecer las sanciones Desde que la crisis económica global en 2008 afectó a Europa y aumentó el malestar de la población, distintos países cambiaron o pretenden modificar las leyes que regulan las manifestaciones. Pese a las diversas orientaciones políticas de sus gobernantes, existe coincidencia en su intención de recortar libertades y encauzar el descontento social. En Rusia, por caso, la ley se modificó en 2012. Establece multas máximas de hasta 300 mil rublos (casi 10 mil dólares) para las personas físicas que infrinjan las normas, aunque ofrece como alternativa el cumplimiento de 200 horas de trabajo social. El propio jefe del Consejo de Derechos Humanos (oficialista), Mijail Fedotov, sugirió al presidente Vladimir Putin remitirla de nuevo al Parlamento y objetó su contenido sin éxito.Putin justificó la aprobación de la ley al asegurar que "garantiza a una parte de sus ciudadanos el derecho a la expresión en actos callejeros y permite que la sociedad se proteja del radicalismo" y equiparó la norma a otras existentes en Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y España.Justamente en estos dos últimos países, se debaten en la actualidad nuevas modificaciones legales que también refuerzan los castigos. En el país ibérico, uno de los más afectados por la crisis económica, se tomaron medidas para salvar el sistema bancario, se recortaron salarios y creció el índice de desocupados. En un contexto de conflictividad creciente, surgió el movimiento de "los indignados", conformado principalmente por jóvenes sin empleo.Según estadísticas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas español, en 2004 se registraron 10.568 protestas, en 2010 se duplicaron hasta arañar las 20 mil y en 2012 se produjeron más de 36 mil. La respuesta estatal combinó multas (con un piso inicial de 300 euros), detenciones y cargos de desobediencia y atentado contra la autoridad que se resuelven en el ámbito judicial. Pero, además, el gobierno de Mariano Rajoy elaboró un anteproyecto de ley de "seguridad ciudadana", destinado a controlar con mayor severidad los reclamos callejeros en general y a los indignados en particular. Hasta ahora, están regulados por una ley de 1992 y por un decreto heredado de la etapa franquista. El Partido Popular se apoya en esas fechas para proponer una actualización acorde a los tiempos actuales.Si el proyecto se transforma en ley, la policía podrá disolver "reuniones y manifestaciones que pongan en peligro o dificulten la circulación" e imponer multas de 100 mil a 600 mil euros para infracciones que no constituyan delitos. La idea de aumentar el poder de la policía y la magnitud de los castigos previstos carecen de cualquier apoyo popular. Hamburgo en estado de excepción En Alemania, además de los permisos previos, existe otra herramienta para controlar las concentraciones populares. El gobierno de la ciudad-Estado de Hamburgo decretó en enero pasado que varios barrios céntricos quedaran dentro de una zona de "estado de excepción", el Gefahrengebiet . La decisión también otorga mayores facultades a la policía para detener, registrar y expulsar a cualquiera, incluso a los residentes del sector. La medida es un instrumento habitual, desde su aprobación en 2005, que se utiliza durante procedimientos antidrogas o para controlar la seguridad cerca de estadios de fútbol. La declaración suele tener una duración y extensión específicas; esta vez, sin embargo, el área señalada afectaba a unos 50 mil habitantes y no tenía fecha de finalización.Aunque no fue admitido por las autoridades, se presumía que esto apuntaba a controlar a grupos anarquistas que gestionan allí varios centros culturales, como el Rote Flota (un teatro emblemático construido en 1888 que ocupan desde hace 25 años,) hoy envuelto en una disputa judicial con un empresario local. Frente a semejante medida, la reacción social en Hamburgo se replicó luego en otras ciudades y obligó al gobierno a dar marcha atrás y acordar con los anarquistas.Más allá de las particularidades de cada país (Italia, Portugal y Canadá presentan casos similares), la matriz de control estatal y reprimenda sobre manifestantes que no se adapten a los canales habituales es el modelo más extendido. La conflictividad social se resuelve con mayor poder del Estado para encauzar las protestas. La implementación de medidas análogas en territorio argentino hoy parece una utopía. Las tradiciones vigentes, el marco histórico y la memoria nacional revelan la costumbre de saltar a la calle en forma espontánea como modo de expresar fastidio, bronca o malestar social. El planteo presidencial puede tomarse como un pequeño primer paso, o como apenas una mera expresión de deseos.