Profesión de altísimo riesgo

Tenía 49 años. No era una periodista estrella, de esas famosas, que salen en la televisión y son reconocidas en la calle. No, Regina Martínez era de esas periodistas más bien humildes, pero sumamente comprometidas con su profesión, cuya misión era contar las cosas como son, hablar de los problemas que afectan a la sociedad, conversar con la gente, encontrar la nota diaria, caminar las calles, tratar de leer debajo del agua en los mensajes optimistas de los poderosos. Había trabajado muchos años para el diario La Jornada y luego fue la corresponsal de la revista Proceso . Había recibido amenazas de muerte para que no hiciera más sus informes, pero esas intimidaciones no habían logrado hacerla desistir de sus investigaciones sobre inseguridad y delincuencia. El 28 de abril de este año la asesinaron en su casa de Xalapa, Veracruz. La golpearon y murió estrangulada. La muerte de Regina Martínez todavía está impune, como la de la mayoría de los 72 periodistas que, desde el año 2000, fueron asesinados como consecuencia de una cobertura o por el trabajo que realizaban. Son seis en lo que va del año, nueve en 2010 y nueve en 2011. Además, hay 13 comunicadores desparecidos también por lo que habían publicado o dicho. Y, desde 2006, se registraron 41 ataques con explosivos o armas de fuego a medios de comunicación.Esta información proporcionada por la sede mejicana de la organización Artículo 19, que trabaja en varios países del mundo a favor de la libertad de expresión, ilustra un problema creciente y, al parecer, impune. (Hay otras organizaciones que hablan de números mayores, pero Artículo 19 aclara que los suyos son de periodistas de quienes se han comprobado que murieron por lo que publicaban o reportaban).En 2010, a propósito de su visita a México, los relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijeron que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente americano. La realidad se encarga de mantener vigente y reforzar esta afirmación. El 18 de mayo apareció en una ruta en Sonora el cuerpo de Marcos Ávila García, reportero del periódico El Regional de Sonora. Marcos había sido secuestrado un día antes por hombres armados. "A pesar de que las autoridades de Sonora anunciaron un megaoperativo coordinado entre los tres niveles de gobierno para vigilar todas las salidas, Ávila García fue encontrado a unos 120 kilómetros de distancia de donde se le vio por última vez", dice Artículo 19.El 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, periodistas marcharon por las calles de todo el país para hacer visible la amenaza a la libertad de expresión que existe en México y a las vidas de quienes ejercen esa profesión. Esa marcha estaba marcada por el asesinato de Regina Martínez, la reportera de Proceso . Con nombre y apellido. Ese mismo día, también en Veracruz, encontraban en un canal de agua podrida, adentro de bolsas de basura, los cuerpos descuartizados de tres fotógrafos y de una empleada administrativa del diario El Dictamen . Dos de los fotógrafos, Guillermo Luna y Gabriel Huge, se habían ido temporalmente de Veracruz después de los brutales asesinatos de Miguel Ángel López Velasco y Yolanda Ordaz, subdirector y periodista de la sección Sucesos (policiales) del periódico Notiver . Notiver es el medio en el estado de Veracruz que suma el mayor número de víctimas, dice la organización Periodistas de a Pie. El 20 de junio de 2011, Miguel Ángel López Velasco, redactor y columnista de ese medio, fue asesinado. Su esposa y su hijo Ismael, quien había trabajado como fotógrafo también en Notiver , fueron asesinados en el mismo ataque".El comunicado de Amnistía Internacional México es elocuente. "Los asesinatos de Luna, Huge y Rodríguez no ocurrieron sin previo aviso. Sus nombres, junto con otros, aparecieron en una lista que circulaba desde el año pasado con una amenaza en su contra. A pesar de estar informadas de esta situación, las autoridades estatales no tomaron medidas para asegurar la protección de los periodistas en riesgo, varios de los cuales se vieron obligados a salir del estado por seguridad".El asesinato más reciente fue el 14 de junio, también en Veracruz. Ese día se encontró adentro de una bolsa el cuerpo del periodista Víctor Báez, fundador del portal de noticias www.reporterospoliciacos.com y editor de la sección policiaca de Milenio Xalapa . Lo encontraron cerca de las oficinas de dos diarios. Báez, quien llevaba más de 25 años cubriendo policiales y formaba periodistas en esa área, había sido "levantado" de la oficina de "Reporteros policíacos" un día antes."México en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo", dice Amnistía México. "Las autoridades deben garantizar una investigación pronta, imparcial y eficaz de estos ataques, para que sus responsables sean llevados ante la Justicia. Es necesario poner fin a la impunidad que impera en los casos de ataques a periodistas y trabajadores de medios de comunicación". Sin final. Cuando todavía el estremecimiento sobre un asesinato o desaparición no termina, las noticias sobre nuevas tragedias vuelven a ocupar los titulares. Y los casos, aunque únicos, parecen repetirse: los amenazan, luego los "levantan" (secuestran), están desaparecidos y finalmente sus cuerpos aparecen mutilados, con signos de tortura. La inseguridad y amenaza contra periodistas en México ha llegado a instancias internacionales. La (CIDH) y expertos de la ONU exigieron un alto a los asesinatos y a las amenazas en contra de los periodistas. "Necesitamos romper el ciclo de impunidad en México, que se está convirtiendo en un lugar cada vez más violento para los periodistas", dijo Frank La Rue, relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión. La Rue recordó al gobierno mejicano su obligación de investigar los crímenes contra comunicadores y procesar a los responsables. "Sólo de esta forma se podrá garantizar que la función periodística se pueda realizar con seguridad y libertad".Además, también son frecuentes los ataques contra instalaciones de los periódicos. En julio, el diario El Norte , de Nuevo León, fue atacado por quinta vez. Dos encapuchados le prendieron fuego, aunque las personas que estaban trabajando pudieron salir ilesas. También en julio, las oficinas de El Mañana en Nuevo Laredo (Tamaulipas) fueron atacadas por agresores que lanzaron una granada en la entrada principal. Lo mismo ocurrió al día siguiente de ese ataque. Ya en mayo, un grupo de hombres había baleado y arrojado granadas contra ese diario. Hubo daños, pero no víctimas.Y en febrero de 2006 las mismas oficinas habían sido atacadas a tiros y con una granada, lo que causó daños y heridas de gravedad al periodista Jaime Orozco, quien quedó paralítico. Por ello, El Mañana anunció que ya no publicará información sobre la narcoviolencia: "Ante la lealtad que debemos a nuestros lectores, declaramos que El Mañana no está hecho para la mezquindad de ningún grupo de poder fáctico o delictivo que así lo pretenda. Por ello, este periódico, apelando a la comprensión de la opinión pública, se abstendrá, por el tiempo necesario, de publicar cualquier información que se derive de las disputas violentas que sufre nuestra ciudad y otras regiones del país".Pocos días antes, también en Tamaulipas, seis encapuchados dispararon contra las oficinas de Hora Cero . Impunidad. ¿Por qué siguen sucediendo estas muertes y estas desapariciones? "Por la impunidad", dice Juan Carlos Romero, oficial adjunto del Programa de Libertad de Expresión de Artículo 19. "La impunidad ha permitido que sigan las amenazas, agresiones físicas, ataques violentos a los medios de comunicación. En la medida de que no se resuelven eficazmente los casos de agresiones lo que se hace es fomentar la repetición. Si no eres castigado, no hay ningún costo de volverlo a hacer". ¿Qué es lo que dicen estas muertes? Romero, de Artículo 19, tiene una respuesta: "Hay comunidades en varias estados del país que son completamente silenciadas, en las que la delincuencia organizada y las autoridades controlan toda la información. Cuando vemos casos de periodistas asesinados, agresiones y desapariciones, hay un efecto multiplicador: silencias a toda la comunidad periodística de una región, a los compañeros que hacían trabajo similar, a los medios que empiezan a autocensurarse". En marzo de 2011 un grupo de 715 medios de comunicación firmó el "Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia", en el que se proponen criterios en la cobertura de hechos del crimen organizado, de modo que estos no generen pánico en la población y los medios no se conviertan en instrumentos de propaganda de esos grupos. Además, "cada medio debe instituir protocolos y medidas para la seguridad de sus periodistas al cubrir la información proveniente de la delincuencia, como son no firmar las notas". Un año después, el 30 de abril, el Congreso mejicano aprobó la Ley de Atención para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. "Es posible que necesitemos más mecanismos de protección, pero lo más importante es la resolución de casos", insiste Juan Carlos Romero. La realidad parece demostrar que, hasta ahora, se haga lo que se haga, la vida y la salud de los periodistas en México está en riesgo. Y por ende también lo está la libertad de expresión.Contenido relacionado

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