Paradigma para una nueva gestión pública

"En materia de gobierno abierto, Argentina tiene todo el camino por recorrer, puesto que se han hecho algunos deberes, pero la mayoría de las iniciativas todavía son promesas o iniciativas concretas que más bien apuntan en la dirección del gobierno electrónico", afirma Oscar Oszlak, investigador superior del Conicet y especialista de larga trayectoria en políticas públicas. En el actual contexto político, social y tecnológico, el modelo de gobierno abierto está estrechamente relacionado al gobierno electrónico, pero no siempre ambos se llevan a la práctica al mismo tiempo. Los estudios sobre las páginas webs municipales, que muestran los esfuerzos de las gestiones locales para encarar procesos de modernización estatal mediante mecanismos de gobierno electrónico, revelan que esos dispositivos tienden a mejorar la eficiencia administrativa y el control ciudadano, pero se utilizan en menor medida para democratizar las decisiones de manera colaborativa y participativa con los vecinos. Quizás el uso estratégico de las TIC en la gestión pública local requiere, como señala el politólogo Diego Pando, desprenderse de cierto "fetichismo tecnológico" que las considera como "un fin en sí mismo", con la idea de que las iniciativas de gobierno electrónico son una solución absoluta para todos los problemas de un municipio.Los especialistas del Cippec y la Universidad de San Andrés consideran que el impulso de políticas de apertura transparencia y participación, mediante el uso de las tecnologías en los gobiernos locales, es uno de los pasos para avanzar en el fortalecimiento del régimen democrático.Fernández Arroyo y Pando, responsables de compilar los distintos trabajos publicados en El gobierno electrónico a nivel local , destacan que "el proceso de transparencia y rendición de cuentas desde los estados hacia la ciudadanía se realiza por medio de la publicación de datos, la apertura del gobierno y la creación de espacios de participación y colaboración ciudadana". A continuación, resaltan que "ese proceso demanda cambios internos en las administraciones gubernamentales respecto de la cultura organizacional y de la manera de ejercer la democracia".En la región, Oszlak es uno de los principales divulgadores del gobierno abierto como mecanismo para mejorar la calidad de la democracia. Pero desde su punto de vista, esa calidad también depende de los ciudadanos. Su aporte en esta materia es muy importante para entender los alcances del tema a nivel nacional y regional. –¿Qué significa Estado abierto como paradigma para una nueva gestión pública? –Significa que el Estado admite a los ciudadanos como una contraparte válida, no simplemente como sujetos pasibles de ser administrados. Por lo tanto asume la obligación de escucharlos y de rendirles cuentas, con funcionarios públicos que aceptan las críticas de la sociedad. Todo esto, por supuesto, facilitado por la disponibilidad de las tecnologías de la información y el conocimiento, que facilitan esta relación de doble vía entre ciudadanía y Estado. –¿En Latinoamérica se está avanzando en esa dirección? –Hay avances, pero principalmente en términos de gobierno electrónico, que no es necesariamente un paso hacia el gobierno abierto, pero es una condición facilitadora. Observo algo más de demanda de transparencia por parte de la ciudadanía hacia los gobiernos. Pero es necesario aclarar que muchas veces no se publica en las webs la información que realmente necesitan los ciudadanos para que puedan participar activamente en la generación de políticas públicas, gestionar la producción de bienes y servicios junto al Estado y participar en la tarea de seguimiento, control y evaluación. –También es necesario ver si los ciudadanos saben que cuentan con esas herramientas. –En todo caso no hay un grado de cultura cívica suficiente como para que se traduzca en una expresión masiva de demanda ciudadana hacia el Estado. Las encuestas que se conocen en Argentina muestran que estamos todavía muy lejos de una democracia de calidad, cuestión que no depende solamente de los estados, sino también de su contraparte, que son los ciudadanos. –¿Y cómo se logra eso? ¿Los ciudadanos tienen que buscar mecanismos a través de organizaciones intermedias, por ejemplo? –Los ciudadanos tienen su responsabilidad, pero el Estado debe promover la creación de mecanismos o instancias de educación ciudadana. Es muy importante la promoción activa de programas escolares que incorporen algo más que la típica materia de cultura cívica que se da en las escuelas. –¿En algún país latinoamericano se avanzó más que en la Argentina en ese sentido? –Es muy difícil hacer ese tipo de comparaciones. Pero en todo caso podríamos decir que más allá de lo que quieran hacer los gobiernos, hay países donde la cultura cívica es diferente y está mucho más desarrollada que en Argentina, como Chile y Costa Rica, por ejemplo. –¿Qué significa "asimetría de la información"? –Los gobiernos en general manejan todo tipo de información. En primer lugar, la que está relacionada a su propia gestión, que es la que requieren los ciudadanos. Los que ejercen el poder pueden utilizarla discrecionalmente, distorsionarla u ocultarla, al no estar disponible para la ciudadanía. Esas condiciones de acceso desigual generan asimetría. Pero la propia gente también genera información que los gobiernos democráticos deberían valorar adecuadamente, cada vez que expresa sus demandas a las autoridades en una manifestación pública, a través de un petitorio o en una huelga.