Para qué sirve reformar un Código

Es muy buena la actualización de las leyes que rigen la conducta de los ciudadanos, sobre todo si la modernización tiene que ver con las pautas de comportamiento contemporáneo.

Hace poco tiempo, se sancionó una profunda reforma del Código Civil. Para consensuar el proyecto trabajó un centenar de juristas notables.

Esa comisión fue puesta en marcha por un decreto presidencial en febrero de 2011. Algo más de tres años después, se sancionó el nuevo cuerpo legal, moderno, abarcador y que incorpora hábitos y costumbres ignorados por completo en el texto anterior.

Lo concreto es que la reforma se discutió con seriedad y durante un tiempo prudencial. Se supo siempre quiénes eran los integrantes de ese cuerpo. Había datos de los temas que se iban a incluir o modificar en el nuevo cuerpo legal.

La obra que se logró y que fue sancionada por el Congreso es importante, aunque obviamente no exenta de debates y discusiones.

De inmediato, el Gobierno nacional arremetió con otra iniciativa, un poco más oscura o menos transparente en cuanto al proceso de gestación: presentó, casi de apuro, un proyecto para reformar el Código Procesal Penal de la Nación.

No hubo debates, no hubo consultas públicas hasta el momento, no se creó ninguna comisión que trabajara y debatiera en profundidad la cuestión.

No se tuvieron noticias de convocatoria a especialistas en la materia. El tema fue trabajado casi en secreto, a las escondidas.

Y eso, en cualquier gobierno, genera dudas y levanta sospechas. Crece el derecho a desconfiar por parte de la ciudadanía que ahora asiste atónita a un debate que en algunos puntos puede teñirse de xenofóbico. Sobre todo, en lo que tiene que ver con el artículo que propone expulsar a los extranjeros que sean sorprendidos cometiendo delito. Cuando se los vea robando, vendiendo droga, etcétera, y no sean de acá y carezcan de residencia… una patada y hasta luego.

En realidad, esa es la punta del iceberg. El proyecto tiene otros puntos interesantes que proponen cambios de fondo en la investigación de las causas. Los fiscales pasan a adquirir un poder especial y el superpoderoso es el jefe de los fiscales.

Eso, en resumidas cuentas, puede ser una manera ágil de intentar resolver las causas o también una forma de garantizar la impunidad del poder de turno. Si en la función de magistrar aparecen individuos genuflexos, militantes o defensores del poder se habrá conseguido nada más y nada menos que un blindaje judicial al poder de turno.

No se habla de Juan ni de Pedro, simplemente de quien ocupe el poder. Lo que está claro es que al proyecto lo presentó el kirchnerismo, justo cuando comienza a apurar su retirada. Tiene cuatro patas, cola y ladra…