Manuales de las dictaduras

Entre los años 1968 y 1976, oficiales del Ejército argentino elaboraron cinco manuales con instrucciones para enfrentar al "enemigo interno", encarnado por todos aquellos ciudadanos vinculados, de una u otra forma, con ideas de izquierda. Pese a la orden de inci­neración dictada por los jefes de la última dictadura, varios ejemplares fueron rescatados y de ese modo sus contenidos pudieron trascender. El historiador César Tcach, investigador del Conicet y del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, entiende que esos textos constituyeron en su momento un elemento vital para la "socialización de valores compartidos por la comunidad militar" y por sus "directrices prácticas". Los manuales fueron los siguientes: Operaciones sicológicas (1968), Operaciones contra fuerzas irregulares (1969, tres tomos), Operaciones contra la subversión urbana (1969), Prisioneros de guerra (1971) y Operaciones contra elementos subversivos (1976). (Se pueden consultar en http://bit.ly/1TyZS6o y http://bit.ly/1RdUB09)El tercer tomo de Operaciones contra fuerzas irregulares plantea que la "guerra revolucionaria", por su carácter ideológico, abarcaba toda actividad humana. "Es un concepto de­mostrativo de que la guerra alcanzaba el plano cultural, el arte, los valores y, en definitiva, todos los espacios societales", subraya Tcach.Ese texto deja claro que, tratándose de una guerra ideológica, el final sólo es posible con "la victoria total de uno de los bandos". Tcach destaca que ese objetivo remite a la idea de aniquilamiento, sin reconocer ninguna clase de vía institucional para resolver el conflicto, según consta en el siguiente fragmento: "Cuando no hay operaciones militares, ni disturbios políticos y se lanza la idea de la coexistencia pacífica, la lucha permanece. Se trata sólo de un cambio táctico en el desarrollo de la guerra".A través del manual que circulaba en 1969, los militares habilitaban la participación civil en la represión, lo que según explica Tcach, se asocia al principio de "control sistemático y minucioso" de la sociedad. En este punto, aparecen conceptos como "fichero de la población" y "redes de información urbana", articuladas con la designación de personas encargadas de informar todo aquello con "características anormales". De tal forma, "control, espionaje organizado y participación civil se entrelazaban íntimamente", concluye el historiador.Ese mismo manual no limita la participación civil al suministro de información sino que también señala la necesidad de "activar" a la población para la "lucha contra el terrorismo", mediante instrucción "física, moral y técnica para posibilitar el cumplimiento de su misión". Tcach apunta que ese es un reconocimiento explícito de que "la formación de grupos paramilitares era considerada como una alternativa necesaria, viable y legítima".

El último manual-reglamento de 
las dictaduras, aprobado a fines 
de 1976, señala rigurosamente las pautas para homogeneizar el discurso militar. En lo que Tcach considera uno 
de sus núcleos duros, el texto establece la terminología para definir al ene­migo: “elementos subversivos” en 
lugar de “fuerzas de la subversión”; “bandas de delincuentes subversivos armados” en lugar de “guerrillas”; ­“delincuente capturado” en vez de “guerrillero prisionero” o “acciones de delincuentes” en lugar de “operaciones de guerrilla”.

Tcach advierte que los términos empleados por los militares obedecían a “una definición más amplia del enemigo y al tipo de combate que las Fuerzas Armadas habían iniciado”. De ese modo, “se podía ser subversivo sin ser marxista y sin desear un cambio en la estructura social”, afirma.

Uno de los tantos aspectos impactantes que contiene el manual de la última dictadura configura, según el investigador, una “teoría de la máxima violencia”.

En ese marco, la página 82 muestra una distinción elocuente entre los “buenos ciudadanos” y los que merecían ser enfrentados con el máximo rigor posible, según las ideas de los militares: “El ciudadano debe saber que las fuerzas armadas no molestan a quien cumple la ley y es honesto, pero aplican todo su poder de combate contra los enemigos del país. Respecto de éstos y los proclives a serlo, es necesario que comprendan que es más conveniente apoyar a las fuerzas legales que oponérseles”.

Ese mismo fragmento continúa con una de las consignas que reafirman la implementación de una cacería generalizada: “Se debe tener presente que los agitadores o subversivos potenciales pueden abandonar posturas pasivas y adoptar procederes activos si no perciben una firme actitud que les inspire respeto y temor”.

Sobre este aspecto, Tcach destaca que “la alusión a enemigos potenciales incluye a ciudadanos cuya tibieza de fe en el dogma militar los convertía en inaptos para colaborar, lo que permite advertir la dimensión totalitaria del proyecto militar”.

El historiador agrega que “la teoría de la máxima violencia expresa la no aceptación de rendiciones ni treguas, una vez establecidos enfrentamientos militares”. Según su análisis, “eso desnuda la forma de sustitución del Estado de derecho por otro sustentado en una lógica terrorista”.

El manual de 1976 hace hincapié en el concepto de “prevención”, traducido en la acción de impedir “posibles acciones insurreccionales masivas” mediante la “eliminación de los agitadores”.

En otro punto, autoriza la captura de los “activistas gremiales” y “subversivos” en forma inmediata y “en el lugar donde se encuentren”. Otro fragmento da explícitamente vía libre a las acciones indiscriminadas que terminaron ejecutando los militares: “Ante indicios de actividad subversiva (...) el comando militar resolverá atacar de inmediato. El ataque permite aniquilar a la subversión en su inicio y mostrar a la población que las tropas son las que dominan la situación”.

Según Tcach, la autorización para ejecutar en forma descentralizada las detenciones “no es un dato menor, porque admite y legitima la pertinencia de eventuales crímenes”. Por obra de esa directiva, se podían ejecutar acciones sin necesidad de órdenes del comando superior, a la vez que “un error en la elección de los medios o procedimientos de combate” resultaba menos grave que “la omisión o la inacción”.

El manual de la última dictadura califica a los estudios sobre “las teorías materialistas” y sobre las historias de las revoluciones socialistas y del movimiento obrero como medios de adoctrinamiento ideológico del enemigo. A tenor de ese texto, “los elementos militarizados de la subversión” no constituían el problema fundamental, porque en realidad estaban destinados a respaldar el poder de sus organizaciones políticas, pondera Tcach.

El reglamento de 1976 no hace ninguna referencia a la “reeducación” de los presos políticos y sus familiares, algo que contempla el manual del año 1969. Éste fue derogado por la última dictadura, que además mandó a in­cinerarlo.

En un trabajo para los

Cuadernos de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades

(UNC), Tcach repasa distintos episodios que considera incipientes antecedentes de los procedimientos instrumentados durante las dictaduras de 1966 y 1976. “La idea de un enemigo interno estaba ya presente en el debate de las elites argentinas de los años ’30”, señala, para poner luego como ejemplo la tesis doctoral de derecho presentada en 1937 por Lisardo Novillo Saravia (h), cuyo título es “Punibilidad del comunismo”.

Según Tcach, el trabajo de Novillo Saravia, que fue rector de la UNC tras el golpe militar de 1943, considera “un delito en sí mismo” a la identidad comunista, hasta el punto que su autor sostiene que “en el supuesto de que 
los militantes o simpatizantes de esa orientación política actuasen de modo pacífico, igualmente incurrirían en un ilícito penal”. La referencia en la tesis al Código Penal del fascismo italiano, que castigaba la “propaganda y apología subversiva o antinacional” y “los ultrajes a la religión del Estado”, establecía para el investigador del Conicet un “puente de plata entre el viejo clericalismo cordobés y el moderno movimiento fascista”.

La Ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra, aprobada durante la primera presidencia de Juan Perón, también es considerada un antecedente documental del clima de guerra de los ’60 y ’70. Esa norma, que permitía la participación de la Fuerzas Armadas en la represión interna, fue aplicada por primera vez durante una huelga ferroviaria de 1951, a la que Perón consideraba una réplica de los hechos que promovía el comunismo en los servicios de transporte de Europa, recuerda Tcach.

El gobierno de Arturo Frondizi también habilitó la participación militar en la represión interna mediante el decreto “secreto” 9.980, que instrumentó el Plan de Conmoción Interna del Estado (Conintes). Luego vendría la proscripción del Partido Comunista, en 1959, seguida de un decreto del presidente José María Guido que reglamentó la represión de esa ideología.