Los franceses sienten el deterioro
La degradación es evidente, sobre todo en los servicios que el Estado provee de manera gratuita, como educación, salud y asistencia social.
Hace unos meses, Pascale (el nombre fue cambiado) tuvo un accidente de moto: al esquivar inesperadamente un auto, se resbaló, cayó al piso y, como el casco le protegía sólo la cabeza, su mentón golpeó contra el asfalto. Un chico la ayudó a llegar hasta un hospital, a pocas cuadras. Eran las 23.30. Le hicieron una curación para contener el sangrado, a la espera de que un médico la atendiera. No pasaron más de 45 minutos. Un médico se ocupó luego de ella durante casi dos horas. La atendieron de maravillas. Anestesia, limpieza, radiografías y puntos. Pascale se fue sin realizar mayores trámites que dejar sus coordenadas. Meses más tarde, recibió en su casa una recapitulación de esas tres horas pasadas en el hospital. Toda aquella intervención, luego de la cual sólo le quedó una discreta cicatriz, le costó 46 euros, que fueron luego reembolsados por el seguro médico nacional.Este diario reunió a tres franceses y les contó esta historia. El primero se detuvo en los 45 minutos que Pascale tuvo que esperar: le pareció demasiado tiempo. El segundo empezó a hablar del estado cada vez más degradado de los hospitales. El tercero retrucó con su propia historia; su madre había sido operada unas semanas atrás y, en vez de mantenerla dos o tres días en reposo, la mandaron a su casa 24 horas más tarde. "Necesitaban la cama", concluyó, preocupado.Para quien viene de la Argentina, la historia de Pascale es un ejemplo modelo: un hospital público que no parece carecer de medios –prueba de hacia dónde va el dinero de los contribuyentes– y un ciudadano que no necesita recurrir a una clínica privada ni pagar una cobertura médica privada para asegurarse un buen tratamiento. Y no es el único ejemplo. Aquí, la mayoría de las mujeres elige parir en hospitales públicos. Compartir el cuarto es a veces incómodo, pero saben que si algo se complica tienen un servicio de urgencias con el que las clínicas privadas no cuentan. Los padres optan por la escuela pública para sus hijos: la idea preconcebida es que las instituciones privadas son para chicos que necesitan de un acompañamiento más personalizado. Los trabajadores que se jubilan después de 30 años de actividad pueden vivir con la renta que recibirán por el resto de sus vidas (en promedio, 1.500 euros según datos del Instituto Nacional de Estadísticas). Pero los franceses sienten un deterioro. Son conscientes de la suerte que tienen pero detectan una degradación en aquellos servicios que el Estado provee de manera gratuita, en particular en lo que respecta a la salud, la educación, la jubilación y las ayudas sociales. "Hay que relativizar. Tenemos un sistema privilegiado en comparación con otros países. Pero hay pequeñas diferencias por aquí y por allá que se empiezan a sentir: la falta de papel higiénico o de jabón en los baños de algunos hospitales, los equipos médicos que a veces trabajan con menos personal que el necesario, la cada vez mayor presencia de maestros sin formación específica y con contratos temporales en la escuela", enumera Virginia, una profesora de francés de 38 años. Y sentencia: "Claro que nuestro sistema le cuesta dinero al Estado, pero es una manera de redistribuir las riquezas, ya que todos pagamos estos servicios con nuestros impuestos". El sistema de protección social francés cuesta anualmente más de 500 mil millones de euros y el 65 por ciento de esa cifra se financia con las contribuciones que se desprenden de los sueldos de los trabajadores. Para tener algunos números en mente, el déficit de este país a fines de 2011 era de 90,8 mil millones de euros (contra 148,8 mil millones un año antes), según el Ministerio de Presupuesto y Cuentas Públicas francés. A ello hay que sumarle una previsión de crecimiento menor que la inicialmente esperada para 2012 (1 por ciento en vez de 1,75 por ciento) y la necesidad de cumplir con los compromisos asumidos en Bruselas: un déficit que no supere el 3 por ciento del PBI en 2013 y que se equilibre en 2016. Teniendo en cuenta estos datos, el objetivo del gobierno francés es frenar de manera brutal el gasto público. Nada fácil en un país acostumbrado, después de más de 100 años, a un Estado de bienestar que hizo de su sistema social uno de los mejores del mundo, aunque deficitario desde hace varios decenios y golpeado por un mal doble, según el editorialista del diario económico Les Echos , Jean-François Pécresse: "Nuestro Estado de bienestar está enfermo por su exceso de generosidad, ese mismo que lo convirtió en un modelo sin equivalentes dado su peso en la riqueza nacional, y por una mala gestión. Sufre más por reformas que fueron hechas de manera tardía que por la falta de esas reformas. Y ese déficit acumulado [N. de la R.: 18 mil millones de euros en 2011] durante el tiempo perdido es ahora más difícil de reabsorber". Jubilados más viejos. Una de las polémicas reformas que entró en vigencia el año pasado, después de meses de manifestaciones en contra, fue la del sistema de jubilaciones. La edad a partir de la cual uno puede jubilarse pasará progresivamente (de aquí a 2018) de 60 a 62 años, y para beneficiarse de una jubilación completa deberá esperarse hasta los 67 años y ya no los 65. Esta medida, que le permitirá al Estado economizar entre cinco y seis mil millones de euros este año, trajo protestas enormes con huelgas que paralizaron el país porque los franceses estaban en contra de la modificación de este derecho adquirido. Otra de las reformas impulsadas por el gobierno de Nicolas Sarkozy en el marco de esta reducción del gasto público, y también muy impopular entre los franceses, fue en el campo de la educación: la decisión de no reemplazar a uno de cada dos empleados de este sector que se jubilan. Para una profesora de francés en un colegio público como Virginia, es una manera de comprometerse cada vez menos con el financiamiento de la educación y ello se traduce en una degradación. "Cada vez más, los colegios emplean a personas que tienen una formación académica pero que no han pasado concursos (exámenes de selección) y que no tienen las competencias necesarias para enseñar. Los contratan de manera temporaria para tapar agujeros dejados por los que se van. Ello genera una dinámica de precariedad que, además de ser incorrecta desde un punto de vista deontológico, perjudica el nivel de la educación. Obligados por presupuestos cada vez más reducidos, los directores de colegios públicos se convierten en patrones que buscan la flexibilidad laboral de sus empleados. Y esta es una tendencia que se generaliza". Todos estos son temas que los franceses seguramente tendrán en mente cuando vayan a votar, el próximo 22 de abril, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

