La inmigración como amenaza

Las declaraciones xenófobas de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires relacionadas con los acontecimientos que tuvieron lugar en Villa Soldati han vuelto a colocar a la inmigración de países limítrofes en el debate público. Largo tiempo ausente, la figura social del inmigrante como amenaza ha vuelto a cobrar vida a través de estas expresiones. Entre otras cosas, Mauricio Macri afirmó: "No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico y la delincuencia". Y agregó: "Los argentinos estamos abiertos a recibir gente honesta que viene a trabajar el país, pero queremos saber quiénes son y no vivir esta situación descontrolada donde parecería que la Ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de los problemas habitacionales de los países limítrofes y de Latinoamérica". En la misma línea se expresó, entre otros, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionando el derecho a la vivienda de "los que vienen del exterior" y tratándolos de usurpadores. Mostrando un profundo desconocimiento de la política migratoria actual, también señaló que la ley de migraciones vigente en el país es "muy permisiva".De manera irresponsable e impune, Macri y demás funcionarios de la ciudad de Buenos Aires les adjudicaron a los inmigrantes de países vecinos hechos sociales que nada tienen que ver con la inmigración ni con la condición de extranjero, sino con las necesidades materiales de vida de sectores sociales que no tienen aseguradas las condiciones básicas de subsistencia y con las limitadas políticas sociales para darles respuesta. Sus declaraciones se dirigen a criminalizar la presencia de los inmigrantes para disimular la ausencia del Estado. Es una vieja fórmula política con resultados dispares. En esta ocasión, el inmediato repudio que generó entre diversas instituciones y organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos de los inmigrantes, alejadas de las habituales contiendas partidarias y electorales, es una buena señal. Pero desafortunadamente, amplios sectores sociales piensan como Macri y Rodríguez Larreta: los inmigrantes vienen a robar o usurpar "lo nuestro". La división entre nacionales y extranjeros está de tal modo naturalizada que resulta impensable que los nacionales no tengan ciertas prerrogativas frente a los residentes extranjeros, o que disfruten de iguales derechos ciudadanos. Menos aún que los llamados "inmigrantes ilegales" tengan asegurados los mismos derechos.Falsa antinomia. Estas declaraciones públicas plantearon, además, una falsa antinomia: control versus descontrol. No hay gobierno que no haya pretendido controlar la inmigración. Tampoco el actual Gobierno nacional. Lo que ocurre es que la idea de control de la inmigración está sufriendo ciertas modificaciones en los últimos tiempos. Ahora, con la emergencia de un nuevo régimen global sobre las migraciones internacionales, promovido por agencias internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se asume que las medidas y políticas restrictivas no han resultado eficaces para controlar la inmigración. Con la premisa de una "migración ordenada", no se propone un esquema de control basado en el aumento de las restricciones, sino un modo de regulación que permita conducir, direccionar los flujos migratorios. Una herramienta considerada fundamental para ello es la regularización migratoria. Este es el enfoque que adoptaron los organismos estatales especializados en la temática migratoria después de la embestida del menemismo contra la llamada "inmigración ilegal". La diferencia con épocas anteriores radica en que actualmente, bajo esta nueva perspectiva técnico-política, se lleva adelante un control con rostro humano. Es una constante histórica: los inmigrantes de países limítrofes, en tanto extranjeros y sujetos subalternos, siempre levantan sospechas entre los guardianes de la Nación Argentina.Más allá de las políticas estatales de promoción o restricción de la inmigración que fueron implementadas en la Argentina, históricamente el Estado estuvo involucrado con distintas fórmulas de exclusión, plasmadas tanto en prácticas administrativas cotidianas como en leyes o decretos, declaraciones de funcionarios públicos, expulsiones o deportaciones. Paulatinamente, la inmigración limítrofe empezó a ser concebida como amenaza y, bajo el argumento de la ilegalidad, a ser perseguida. Desde la década del '60, en particular, el Estado argentino ha pretendido regular la inmigración proveniente de países limítrofes mediante medidas restrictivas y represivas, inspiradas en el régimen de control que se instituyó durante las primeras décadas del siglo 20 dirigido a los inmigrantes europeos considerados "indeseables" y luego actualizado en el marco de la doctrina de la seguridad nacional. La ley Videla, establecida durante la última dictadura militar en 1981, fue la expresión más acabada de una norma migratoria nacional que concibió a la inmigración como una amenaza externa. Y fue precisamente a través de la construcción como "ilegales", esto es, como sujetos peligrosos, que estos inmigrantes de países limítrofes pasaron a ser representados como amenaza, heredando todo el cuerpo de disposiciones estatales creadas y destinadas al control de la inmigración.La excusa perfecta. Durante los '80 y '90, esta ley no solamente no se derogó sino que se la reglamentó (en 1987 y 1994). Durante los '90, en pleno auge neoliberal, la inmigración de países vecinos, que cobró una marcada visibilidad social y política, se usó como pretexto para justificar las consecuencias sociales de las políticas de ajuste estructural del menemismo. En sus declaraciones, articuladas con los medios nacionales de comunicación, altos funcionarios públicos como Carlos Menem, Carlos Corach, Eduardo Duhalde y Hugo Franco (director de la Dirección Nacional de Migraciones en aquel momento) les adjudicaron a los inmigrantes aquellos problemas sociales que se materializaron a lo largo de la década como los máximos exponentes de la desigualdad social: la proliferación de enfermedades como el cólera, el aumento del desempleo y los bajos salarios, la ocupación de viviendas, el incremento de la pobreza, la delincuencia y la inseguridad.En diciembre de 2003, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad una nueva ley de migraciones, cuya innovación más importante fue el reconocimiento de determinados derechos humanos a los extranjeros. Mediante esta ley, la migración fue establecida como un derecho "esencial e inalienable de la persona". Fue un logro político trascendente y así la ley Videla quedó derogada. Posteriormente, durante los últimos años del gobierno de Néstor Kirchner, se comenzó a desplegar un programa nacional de regularización migratoria que fue presentado como la solución duradera y definitiva a la ahora llamada "irregularidad migratoria". Esta medida, como única respuesta política y como medida focalizada en una fracción de la población inmigrante, muestra los límites del propio Estado para pensar la migración más allá de la dicotomía legalidad-ilegalidad. Toda una manera de definir la cuestión migratoria: identificados los inmigrantes "ilegales" o "irregulares" (según quién los nombre) como el problema, el objetivo político se construye alrededor de la regulación y control de los flujos migratorios mediante la aplicación de una regularización migratoria de carácter permanente. Sin dejar de reconocer la imperiosa necesidad de los migrantes de poseer la documentación exigida, ni de desconocer las implicancias que tiene que un Estado facilite los trámites de radicación, lo que resulta objetable son las políticas que reducen la existencia social y política de los inmigrantes a una condición legal y sus derechos se vean limitados de acuerdo a dicho criterio.Por la ciudadanía sudamericana. Los diversos procesos políticos de integración regional que tienen lugar en el ámbito sudamericano permitirían hacer prosperar la idea de una ciudadanía sudamericana que, en lugar de reforzar las fronteras, concretase el derecho a migrar estipulado en la nueva ley de migraciones. No es posible pensar una ciudadanía sudamericana sin una libre residencia en los estados de acogida y sin cuestionar la noción de expulsabilidad, que opera como un mecanismo de chantaje social que mantiene a los residentes extranjeros en un estado de permanente provisoriedad. Pareciera que los inmigrantes sólo pueden ser aceptados siempre y cuando constituyan una contribución, un aporte o una ventaja para las sociedades en las cuales decidieron desarrollar sus vidas. La presencia del inmigrante sólo es considerada legítima mientras deje un saldo positivo para la sociedad receptora. Y para ello, la migración, se argumenta, debería ser ordenada. Pero el derecho a migrar, trasciende la mirada utilitarista. No se trata de seleccionar a los inmigrantes de acuerdo a los beneficios que su presencia habría de tener. En los últimos años hubo conquistas importantes en materia de inmigración, ahora no se puede retroceder, hay que ir por más.