La corrupción como problema

–¿Qué lugar ocupa la corrupción en el estudio de la ciencia política respecto a los déficits democráticos?

–La corrupción es un problema no sólo de las democracias latinoamericanas, el fenómeno excede a nuestra región. El problema son los costos que pueda acarrearle a quienes incurren en ese tipo de transgresiones. En la medida que eso no ocurre, de alguna manera se sigue vaciando de sustancia y credibilidad a la propia democracia.

–¿Cómo ve ese fenómeno en Latinoamérica?

–En Latinoamérica la corrupción sigue siendo un problema, pero hubo casos en que acarreó costos para los gobernantes, dependiendo esto de la relación de fuerzas políticas. En 1992, en Brasil hubo un impeachment contra Fernando Collor de Melo, pero eso sucedió, entre otras cosas, porque tenía una bancada de legisladores muy limitada y su capacidad de frenar el impeachment dentro del Congreso era mínima. En Argentina, durante la misma época, hubo condiciones para encarar un proceso de juzgamiento similar a Carlos Menem, pero aquí no fue posible. La experiencia actual de Brasil, con una justicia que investiga y es capaz de detener a empresarios y funcionarios corruptos, indica que el Poder Judicial de ese país dispone de más fortaleza e independencia. Es una particularidad que no es fácil ver en otros casos de América Latina.

–También hay que tener en cuenta los costos que sufre la sociedad.

–Así es. Por un lado, el costo en términos de desvío de fondos que deberían aprovecharse para costear derechos u obras públicas y que en cambio son apropiados para beneficio privado. La otra dimensión del costo tiene que ver con la desmoralización que genera el hecho de que no haya ejemplaridad positiva de parte de quienes gobiernan. Esa ejemplaridad no es sólo una cuestión moral, sino que tiene que haber una dimensión institucional que prevea formas de sanción. Hay que tener en cuenta, en este marco, la pérdida de credibilidad en lo público que provoca la falta de sanción.