“El primer paso contra la inseguridad es hacer un buen diagnóstico”

En momentos en que la inseguridad se ha convertido en la mayor preocupación social, dos especialistas en seguridad ciudadana hicieron en Córdoba un análisis profundo de las políticas de seguridad adoptadas por el Estado argentino. Reflexionar sobre las causas de la inseguridad, realizar un buen diagnóstico y pensar en soluciones más radicales que la mera presencia policial en las calles, todo en un Estado que respete los derechos ciudadanos, son las claves brindadas por los especialistas. Esta conversación se realizó días atrás en el marco del ciclo "Quaestiones disputatae" en el centro cultural Galileo. "Las estrategias que se han utilizado en materia de seguridad no han dado en el clavo, bien sea por quien las ejecuta o por sus destinatarios", comenzó diciendo Patricia Cóppola, miembro de la junta directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales Córdoba (Inecip). Cóppola sostuvo que "de ningún modo se puede negar la inseguridad", pero que para comenzar a hablar sobre políticas de seguridad debe hacérselo en el marco de un Estado de derecho, es decir, un Estado que se rija por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una Constitución. Sobre este punto, Lucas Crisafulli (abogado, miembro del Observatorio de Prácticas en Derechos Humanos de la UNC) señaló que Córdoba fue la única provincia que en 2004 firmó un convenio con el Manhattan Institute for Policy Research, una institución apoyada por gobernadores conservadores estadounidenses que aplican la política de "tolerancia cero" en sus estados."La tolerancia cero en Córdoba es bastante selectiva, ya que las conductas castigadas en el Código Penal son muchísimas. Todos alguna vez cometimos un delito (por ejemplo, estudiar de un apunte fotocopiado, lo que viola el derecho de autor) pero la mayoría de nosotros nunca fuimos penados", criticó Crisafulli. Inmediatamente se preguntó si luego de la aplicación de la tolerancia cero bajó la cantidad de delitos pese a haber aumentado 100 por ciento la cantidad de policías en las calles en estos 10 años. "No, tenemos una política de seguridad costosa (en términos económicos) que viola los derechos humanos y es ineficiente", aseguró.Los investigadores denunciaron la violación a los derechos humanos que supone la aplicación del Código de Faltas de la Provincia donde "un comisario es quien juzga a un detenido" y la existencia de torturas en las cárceles y comisarías.

Cóppola identifica dos paradigmas en materia de seguridad que se instalaron en Argentina: el paradigma de la demagogia punitiva y el paradigma testimonial.

El primero se aplica con mayor fuerza en época de elecciones. Es un “discurso que vende”, se caracteriza por la ignorancia del derecho (ya que considera que los derechos humanos se oponen a las políticas de seguridad) y no ha tenido resultado sobre la disminución del delito.

El paradigma testimonial se agota en testimonios; es un discurso simplista y de permanente denuncia.

Estos paradigmas describen los modelos de seguridad instalados en nuestro país y sobre los que no se avanza. Pero, ¿de qué manera se puede elaborar entonces un plan de seguridad eficiente, que no quede ni en mera propaganda ni en denuncia?

Ambos especialistas insisten en la necesidad de realizar, como primer paso, un buen diagnóstico, tipificando los delitos que se cometen en la zona en la que se aplicarán las políticas de seguridad. Porque “los delitos deben particularizarse, no tienen todos un origen común”, asegura Cóppola.

Es decir, no se puede generalizar con enunciados del tipo: “Roban por necesidad” o “Matan porque están drogados”. Cada comunidad tiene sus problemáticas propias y no todas deben ser solucionadas a partir de mayor presencia policial.

“Por ejemplo, estudiamos el caso de barrio Nuestro Hogar III. Hablando con los vecinos nos dimos de que el problema de violencia e inseguridad era una cuestión de tierras. A unas familias les habían vendido unas viviendas y cuando llegaron a habitarlas había otras familias viviendo allí, que también las habían comprado, los habían estafado y esto había generado fuertes internas entre ellos”, contó Crisafulli.

Los especialistas indicaron la necesidad de trabajar con políticas públicas de inclusión a la par de políticas de seguridad.

Crisafulli enfatizó la urgente necesidad de democratizar a la Policía, un paso sobre el que “ningún gobierno se ha atrevido a avanzar” y que es clave para pensar la seguridad. “Cuando un fiscal ha investigado hechos de delitos complejos, ha saltado siempre la complicidad policial. Esto no es un problema de Córdoba, sino de Argentina”, aseguró.

Cada sociedad debe debatir qué tipo de ­políticas de seguridad quiere y establecer prioridades: “¿Estamos preocupados por los robos en la calle, por lavado de dinero, por trata de personas, por lo que ocurre con los niños dentro de las instituciones?”, preguntó.

Un buen diagnóstico, real y específico es lo que se debe priorizar para luego avanzar sobre la aplicación de medidas eficientes. Sobre las medidas tomadas recientemente por el Gobierno provincial fueron muy críticos.

“Está comprobado en el mundo que todos los controles situacionales, llamados ‘de saturación’, sólo producen un corrimiento del delito. Se van del lado A al lado B a delinquir, no soluciona nada”, sentenció Crisafulli.

Una de las claves para realizar un buen diagnóstico y luego aplicar medidas de seguridad eficientes, según los especialistas, son las de “control barrial o comunal”.

Ambos especialistas citaron experiencias exitosas en otras ciudades latinoamericanas, como la formación de comités barriales que evalúan cuáles son los problemas de cada barrio y logran así la tipificación del delito y la configuración de un mapa del delito de la zona. Además, aconsejaron democratizar la institución policial, exigir eficiencia a la Justicia, detener las pésimas condiciones de alojamiento de los presos, entre otros puntos.

–¿Creen que es difícil para los ciudadanos argentinos pensar políticas de seguridad en el marco de un Estado de derecho, de un país democrático?

Cóppola: –Creo que sí, que el tema de ver mal el respeto de los derechos o “exceso de garantías” como se le suele llamar, es alarmante. Uno debería bregar para que se respeten todos y cada uno de los derechos de todos. Hay una visión individualista del ­problema; imaginate que le tengas que preguntar a una víctima de violación qué hay que hacer con los violadores. Las políticas públicas son otra cosa, tenés que proteger los derechos de las víctimas, prevenir los delitos, pero no son las víctimas las que van a hacer políticas de seguridad.

Crisafulli: –Esto está íntimamente vinculado con la venta del miedo. El miedo se está vendiendo y causa efectos en la población. El primero es llevarla a pensar desde lo individual; dejamos de pensar en términos colec­tivos, y ni hablar de políticas públicas. Sin embargo, el Estado puede ser eficiente respetando los derechos del presunto delincuente. Para dar seguridad a la sociedad no hay que torturar, se le pueden asegurar condiciones dignas de alojamiento y así mismo se puede dar una respuesta efectiva a la víctima.

–¿Cuál cree que debe ser el rol de los medios de comunicación en este debate por la inseguridad?

Crisafulli: –Los medios de comunicación han tenido un rol importante en la configuración de la idea de que no sólo la vida de unos vale más que la vida de otros, sino que la propiedad de unos vale más que la vida de otros. Eso que se ha instalado en algunos medios, donde se legitima de manera indirecta cuando se habla de linchamientos como “justicia por mano propia”.

–¿Y cuál debe ser el rol de la Justicia, ante por ejemplo, estos hechos de violencia ciudadana?

Cóppola: –Si hay un sector donde se plasma esa tensión entre garantías y eficiencia, es en el Poder Judicial. El sector judicial es un claro incumplidor de derechos. Lo hace cuando no cumple ni siquiera con el servicio de justicia, con los plazos, con el acceso a la Justicia que está íntimamente ligado a la cuestión de inseguridad. Alguien que sabe de antemano que sus reclamos no van a ser escuchados, también es una víctima de la inseguridad. Por otro lado, la ineficiencia de la Justicia es tremenda: sólo el uno por ciento de los delitos denunciados se juzgan. Se tendrá que ver qué se hace con eso; pero parece que hay una sociedad que está dispuesta a que se privaticen sus bienes. Puede tolerar que se lleven puestos sus recursos energéticos, pero no puede tolerar un arrebatador en la calle. Creo que si la Justicia atrapara más a los delincuentes de guante blanco, si tuviésemos confianza en nuestros jueces, esta sería una sociedad más segura.