El laberinto mejicano

"S i me atrapan o me matan... nada va a cambiar". La mano izquierda en la cintura y la derecha sobre el hombro del director periodístico de la revista Proceso , Julio Scherer García. El gesto adusto que mira fijo al lente de la cámara es del narcotraficante Ismael "el Mayo" Zambada García, el número dos y principal estratega del cartel de Sinaloa que lidera Joaquín "el Chapo" Guzmán, el narco más rico del mundo y que según la revista Forbes figura entre las mil personas con más dinero de la Tierra.

Zambada y su jefe son dos de los narcotraficantes más buscados por el gobierno mejicano, desde que en 2006 el presidente Felipe Calderón iniciara una guerra abierta contra los carteles que manejan el tráfico de la droga en el país, la mayoría de los cuales la llevan a Estados Unidos, la nación con más consumidores del mundo.

Tras la declaración de la ofensiva gubernamental, que pobló de militares las calles de Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Guerrero, entre otros estados, en tres años el balance indica que hubo más de 22 mil muertos. Ciudad Juárez se convirtió en la peor del mundo. En 40 meses se registraron cinco mil fallecidos en episodios violentos.

Los muertos no sólo corresponden a enfrentamientos entre los militares y los narcos. También son frecuentes los homicidios entre carteles (son nueve los grupos de narcotraficantes que se disputan el territorio en 22 de los 31 estados del país). En el medio, cada vez son más las víctimas fatales ajenas a las fuerzas militares y a las bandas de narcotraficantes.

Pese a la violencia que se vive por estos días en México, que se desangra en un terremoto de violencia jamás visto, "el Mayo" demostró otra vez que allí los narcos se sienten intocables y se dio el lujo de salir en la portada de una de las revistas más vendidas de su país.

Zambada le ordenó a un emisario que contactara al director periodístico de Proceso . No hizo falta que el enviado insistiera mucho. Scherer García, entre sus lemas, suele repetir: "Si el diablo me ofrece una entrevista, voy a los infiernos". Tras chequear que no se tratara de un engaño, se subió a un vehículo desconocido y fue llevado en silencio, con los ojos vendados.

Luego de más de un día de viaje, en el que fue cambiado dos veces de auto, una mañana de febrero finalmente se sentó a desayunar con el jefe narco en una casona ubicada en un paraje que pactó no describir. En el encuentro (Scherer García se negó a llamarlo entrevista), el narco habló y respondió lo que quiso, y cuando consideró que ya era suficiente, se levantó y le ordenó a uno de sus guardaespaldas que les sacara una foto juntos. Tras esto, dejó latente la posibilidad de gestionar una charla con el mismísimo "Chapo". Luego, desapareció de esa casona, tal vez para siempre.

"Un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió. El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por allí... el narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción", analizó "el Mayo" ante Proceso .

Zambada es sindicado como un estratega nato, que no dispara, pero que tiene una capacidad brillante para penetrar y corromper a las instituciones del Estado. Provocador, "el Mayo" consiguió lo que quiso. Durante semanas, en México se debatió si la nota era digna de publicación o no. Pero por sobre todo, en la sociedad quedó la sensación de que el control todavía lo tienen los narcos, pese a la matanza desatada tras la ofensiva gubernamental.

Declaración de guerra. Después de unas elecciones en las que el fantasma del fraude quedó flotando como sensación generalizada entre la sociedad, Calderón lanzó una ofensiva nunca vista contra los narcotraficantes. Esta declaración de guerra, según los especialistas, era el camino más rápido que el nuevo presidente tenía para intentar recomponer una imagen que asumía muy debilitada ante la opinión pública.

Tal era el apuro, que en el medio quedó un vacío legal, ya que las fuerzas militares, según la Constitución mejicana, no pueden patrullar las calles del país. Como respuesta, se argumentó que la policía estaba estructuralmente cooptada por los narcos.

En diciembre de 2006, en uno de sus primeros actos al frente del Ejecutivo, Calderón incorporó 10 mil soldados para iniciar una operación de "ataque frontal" contra los carteles de Michoacán y Baja California. La respuesta de los carteles sólo se tradujo en más violencia.

La crueldad sin límites y la sucesión de muertos logró el efecto contrario en el sentir de la sociedad. En una encuesta dada a conocer en mayo por la empresa Indemerc, el 75 por ciento de los mejicanos opinó que a la guerra la iban ganando los narcos.

No obstante, el gobierno de Calderón fue por más. Según publicó el semanario Milenio , el Ejecutivo planteó modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional (LSN) con la finalidad de ampliar las atribuciones de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico y, sobre todo, legalizar su accionar en las calles mejicanas. Entre otras propuestas, se analizó permitir la aplicación del estado de excepción y la suspensión de garantías para que el ejército combatiera "con mayor eficacia" a los carteles de la droga.

Recién el jueves 22 de abril de este año, a las apuradas y tras un debate que quedó inconcluso, el Senado mejicano aprobó las reformas a la LSN en la que se dejó abierta la puerta para que los militares legalizaran su presencia en las calles del país. Se hizo la salvedad de que patrullarían las ciudades y pueblos siempre que fueran pedidos por gobernadores locales que considerasen que la delincuencia rebasa a los cuerpos policiales.

Hoy ya son 45 mil los soldados que patrullan las calles realizando diferentes tareas, desde perseguir a los narcos hasta dirigir el tránsito. Esta masiva presencia ha tenido otro efecto: más denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Alejandro Carlos Espinosa, director de la revista Crimogénesis , opinó que en la actualidad, "los militares cumplen labores policíacas que no les corresponden". "Estamos ante un quiebre del Derecho Penal porque tenemos dos, un Derecho Penal del enemigo y un Derecho Penal para los ciudadanos. El gran problema de vivir en una situación de emergencia es que para pasar de simples ciudadanos a enemigos basta un solo paso, y en cualquier momento nos pueden criminalizar por la conducta que sea", se alarmó.

El foco en un solo lado. A medida que la guerra interna avanzaba, el gobierno cada tanto lograba poner en los titulares de los periódicos a algunos capos abatidos. Tal vez la caída más emblemática fue la de Arturo Beltrán Leyva, conocido como "el Barba". El líder del cartel del Golfo murió el miércoles 11 de diciembre del año pasado al enfrentarse a tiros con efectivos de la Armada en una finca de Cuernavaca. Junto a él cayeron seis miembros de su ejército de sicarios. Días después, se filtraron a la prensa fotos del capo ensangrentado tapado con dólares.

En esas mismas informaciones, los voceros oficiales se encargaban de resaltar que se había "dado un duro golpe" y "desbaratado a una de las bandas más importantes". Sin embargo, la realidad terminó por desmentirlos. Los carteles están organizados de manera tal que la caída de un jefe no significa en absoluto la pérdida de su poder de traficar.

"En esta guerra nadie gana. El término "ganar" es duro, pues esto ha provocado la muerte de muchísimas personas y el dolor de muchísimas familias", reconoció el procurador general de la República, Arturo Chávez, a la prensa mejicana.

Lo que llama la atención es que el gobierno mejicano haya puesto el foco sólo en una lucha violenta contra el narcotráfico, siendo que en México el crimen organizado ha montado otros negocios ilegales que, en conjunto, mueven más dinero que las drogas.

Edgardo Buscaglia, experto en esta clase de delitos y consultor de las Naciones Unidas, se preguntó por qué el gobierno ataca el tráfico de estupefacientes y no la proliferación de otro delito aberrante como la trata de personas con fines de esclavitud laboral o sexual, que mueve casi tanto dinero como el tráfico de drogas. Lo hizo en una conferencia virtual dictada para periodistas latinoamericanos que están cursando el diplomado "Los alcances del crimen organizado. El ejercicio del periodismo frente a la violencia", dictado por la SIP y la Universidad Autónoma de México (Unam).

Incluso se sospecha que hasta las playas de este país fueron llevadas algunas de las jovencitas argentinas a quienes alguna vez se tragó la tierra y nunca más se supo de ellas.En ese sentido, la crítica más aguda es la que acusa a Calderón de no avanzar en una ley que permita confiscar bienes y congelar cuentas bancarias de las organizaciones criminales, que en caso de ponerse en práctica sería mucho más letal para los carteles que la ofensiva militar. Tampoco, en estos años de confrontación, han existido investigaciones sobre lavado de dinero. ¿Por qué no prosperan? Se sospecha que cualquier pesquisa en ese sentido terminaría indagando sobre el origen de los fondos utilizados en las campañas políticas, afectando de manera severa la financiación de los partidos. Este pensamiento bien podría trasladarse a cualquier país de esta parte del mundo.¿Batalla perdida? Tal vez, para intentar entender por qué los estados latinoamericanos fracasan al combatir al narcotráfico, sea bueno detenerse en el análisis de Samuel González Ruiz, un experto internacional en temas de Derecho Penal y Proceso, ex titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (Uedo) de México, y consejero de la agencia de las Naciones Unidas sobre Crimen Organizado y Corrupción, que también brindó una conferencia en el curso de la Unam. "La debilidad de los estados latinoamericanos los hace presa fácil de los grupos de delincuencia organizada. Esta no es la enfermedad sino el síntoma de una enfermedad más grave que es la debilidad del Estado. La fortaleza de un Estado se mide en la capacidad de aplicar la ley a todos los ciudadanos independientemente de su fortaleza económica o de los aspectos políticos. En Estados Unidos, el año pasado fueron investigados y procesados tres gobernadores por ilícitos como la venta del asiento de Barack Obama por parte del gobernador de Illinois, o frecuentar prostitutas, como fue el caso del gobernador de Nueva York. En México ningún gobernador, senador o diputado ha sido procesado, desde hace 11 años. Esto ocurre no porque no hayan cometido delitos, sino porque el sistema es estructuralmente incapaz de procesarlos".