Volver a tener lo que alguna vez teníamos

La delicada situación política por la que atraviesa el Gobierno nacional –medida ya por encuestadores de opinión pública que revelan una acelerada caída de la imagen presidencial– deja en un segundo plano cuestiones de enorme relevancia para el país y para la azotada Córdoba. Es el caso de la infraestructura. La Casa Rosada mostró en estos días un enorme desinterés, ya no sólo por brindar algo de ayuda concreta a los desesperados afectados por las inundaciones, sino que tampoco ha hecho un mínimo gesto de acercamiento para recuperar las rutas, puentes, vados, acueductos o casas destruidos por la contingencia.Una muestra sirve de botón para tamaño desapego de una de las provincias que más recursos transfiere a la jurisdicción nacional: el Gobierno provincial pagará el IVA de los electrodomésticos, muebles y colchones que compró directamente a las fábricas para repartir entre los inundados.Podría argüirse, para defender la percepción de este tributo en medio de la desgracia, que toda obra, inclusive las más básicas para llevar agua a algún punto del país, tributa religiosamente. Pero este mismo Gobierno nacional movió cielo y tierra para condonar deudas por IVA a Aerolíneas Argentinas por 46 millones de pesos.Es más, en su momento, la administración de Daniel Scioli fue "apurada" por diputados de La Cámpora para que renunciara a acreencias sobre la línea aérea. Sin embargo, una heladera para un inundado abonará todos los tributos.El trago amargo de la no existencia de una relación cordial con la Nación fue explicado en detalle por José Manuel de la Sota a los empresarios y sindicalistas que recibió días atrás. En la reunión, el mandatario no les pidió nada, pese a que algunos esperaban que les planteara algún aporte por vía de cargas tributarias. Sólo les demandó que salieran a explicarle a la sociedad que la Provincia estaba atendiendo la emergencia.De cualquier forma, en medios empresariales, no se descarta del todo la posibilidad de que en algún momento este Gobierno o el que venga después del 10 de diciembre deba plantear la necesidad de ajustar la estructura tributaria para atender ya no la emergencia pero sí la recuperación de la infraestructura caída.Un primer número lanzado desde El Panal habla de un requerimiento de 450 millones de pesos. Pero esa cuenta es corta, a estar por el tamaño de la deflagración que produjo el agua, dicen referentes de la industria de la construcción. Pocos lo querrán explicitar en medio de un proceso electoral, pero si no aparecen fondos de la Nación o se modifican los ingresos propios de la provincia, algunas zonas demorarán años en volver a tener tan solo lo que alguna vez tuvieron.