Acuerdos sociales

Una opinión extendida en vastos sectores de la sociedad argentina es la necesidad de que se apliquen políticas de Estado de largo plazo, que aparten a la economía de su tradicional sinuosidad histórica. Hasta la política se hizo eco de esa demanda social: este año, tanto miembros del Gobierno como de la oposición se refirieron a la posibilidad o necesidad de realizar algún acuerdo político o social, en buena medida ligado a fines económicos. Cabe preguntarse si esos acuerdos sirven para algo. Algunas experiencias internacionales sí los avalan, aunque también existen fracasos, como el de la Argentina con el pacto de 1973. El caso exitoso más conocido es el Pacto de la Moncloa de España, en 1977. En ese momento, los problemas a resolver con mayor urgencia eran moderar la inflación y corregir el desequilibrio externo. A mediano y largo plazo, la política económica avanzaba en cuestiones de tipo estructural: elevar el empleo; mejorar las condiciones de competitividad; eliminar o atenuar las diferencias regionales; y mejorar la vida social, ambiental y cultural. La estrategia consistía en atacar el componente inercial de la suba de precios mediante una política de ingresos que pautaba aumentos salariales en función la inflación prevista y no pasada. El sector público se comprometía a mayor austeridad y a restringir la oferta monetaria. El éxito fue inmediato: se reequilibró la balanza de cuenta corriente y se bajó drásticamente la inflación.Otro caso conocido fue el de Irlanda, cuyo "milagro económico" en los '90 fue explicado, en gran parte de la literatura, por su exitosa política de pactos. Se denominó Programa de Recuperación Nacional (PRN) y contemplaba un acuerdo por tres años entre gobierno, empresas y agrupaciones gremiales, con fines macroeconómicos de estabilidad y crecimiento. En Argentina, un acuerdo entre partidos o entre gobierno y actores sociales debiera, en primer lugar, generar un shock de cambio de actitud. Mostrar al mundo que el país de la alta volatilidad, del gran default de la historia, de los continuos cambios en las reglas de juego, es capaz de ponerse de acuerdo para afianzar sus instituciones políticas y generar nuevas instituciones económicas y fiscales que vuelvan creíbles sus intenciones. Requeriría de gradualismo, para lograr en el mediano plazo: reducción de la inflación sin caer en recesión; disminución en la presión tributaria sin caer en insolvencia fiscal; solución al problema energético sin que resulte socialmente inviable; educación y capacitación de un millón de jóvenes que no trabajan ni estudian; y reducción de la pobreza, entre otras metas impostergables.El acuerdo no debería basarse sólo en la inflación, pero sí ser uno de sus componentes fundamentales, al igual que la pérdida de competitividad. Resulta clave que la clase dirigente consensúe los lineamientos básicos para la aplicación sostenida de un modelo competitivo exportador, con un plan estratégico para generar mayor valor agregado a la producción nacional. Si fuera bien aplicado, brindaría una alternativa plausible para implementar políticas públicas que puedan resolver los principales problemas del país. El éxito de esta estrategia requiere del compromiso de los actores sociales, sobre todo del Gobierno.