Evasión: procesan a dos directivos de la firma Cargill
La Justicia embargó a cada uno por 100 millones de pesos. La Afip dijo que los responsables de Bunge podrían correr la misma suerte.�
Buenos Aires. El Juzgado Nacional en lo Penal Económico 4º, a cargo de Alejandro Catania, dispuso el procesamiento del presidente del directorio y gerente de la Unidad de Negocios de la firma Cargill, Héctor Orlando Marsili, y del gerente de la Unidad de Negocios de la compañía en Uruguay, Javier Gustavo Fernández Rockboer, según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Ese organismo señaló que ambos funcionarios son considerados presuntos autores del delito de evasión agravada, motivo por el cual, cada uno recibió un embargo por 100 millones de pesos por las maniobras perpetradas entre 2000 y 2003."En la causa el organismo recaudador fue el denunciante y el querellante y fue quien consiguió los procesamientos del presidente de la firma en Argentina y el gerente general en Uruguay", destacó la Afip en un comunicado.El ente recaudador explicó que "la causa se inició por una evasión superior a los 56 millones de pesos, a la cual se le fueron sumando los períodos sucesivos"."Con este fallo –agregó el ente oficial–, los responsables de la cerealera Bunge podrían correr con el mismo destino", ya que "la causa presenta importantes similitudes con las maniobras de planificación fiscal nociva de triangulación con la investigación de la cerealera Bunge", indicó. Lectura. El titular de la Afip, Ricardo Echegaray, afirmó que "el caso de Cargill y el de Bunge son emblemáticos porque demuestran cabalmente que algunas de las empresas que más ganan son las que más evaden". En tal sentido, Echegaray recordó que "la participación en las ganancias de las empresas, responde a un principio de justicia social y que el dinero recaudado por el impuesto contribuye a distribuir la riqueza en la sociedad"."Es importante tener claro –agregó– que tanto la evasión de Cargill como los 1.200 millones que se investigan de la cerealera Bunge, resultan una clara sustracción de los fondos que el Estado dispone para poder financiar las prestaciones sociales básicas como la seguridad, la asignación universal por hijo, la salud y la educación de todos los argentinos, entre otros cometidos esenciales del Estado".Según la Afip, esta maniobra de triangulación de operaciones guarda estrecha similitud con la que habría desplegado la firma Bunge, recientemente denunciada ante la Justicia Federal de la ciudad de Río Cuarto.En la fiscalización, la Afip pudo constatar que Cargill Argentina realizaba la mayor parte de sus operaciones a través de una sucursal de Uruguay. "Pero esto sólo a los efectos contables, ya que la mercadería salía directamente desde la Argentina al comprador final", indicó.

